Ex funcionario público denuncia “arista oculta” de Caso Caval

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O Higgins

Fundación Defendamos la Ciudad dio a conocer un documento firmado por el arquitecto Daniel Guzmán en el que se consignan –indica la entidad- “situaciones indignas, incluyendo algunos delitos, acaecidas en diferentes comunas de la VI Región, la misma en la cual tres magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua están siendo investigados por la Fiscalía Regional y por la Corte Suprema.”

El arquitecto Guzmán, indica la fundación, entregó oportunamente todos los antecedentes en la Fiscalía de O´Higgins y en la delegación regional de la Contraloría General de la República, “sin resultados a la fecha, lo cual es indicativo de que la lacra de la impunidad reina en plenitud en esa región del país”, sentencia.

El profesional relata que “soy testigo de una serie de hechos irregulares fiscalizados como “ex” funcionario público. Antecedentes que fueron debidamente denunciados en todas las instancias , incluida Fiscalía, como última institución, realizando allí una acusación el año 2017 que reviste carácter de delito, pero no obtengo novedad a la fecha.”

De acuerdo a Guzmán, “el año 2015, realizando labores profesionales como arquitecto revisor en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Codegua VI Región, fiscalicé una gran cantidad de Certificados de Informaciones Previas, CIP, documentos oficiales de carácter legal que informan la normativa aplicable a un predio en particular. Documentos que fueron mal emitidos, y que contenían información adulterada en los ítems de calificación de usos de suelo. Estas adulteraciones se traspasaban a distintas solicitudes para permisos de edificación y subdivisión predial, sin objeción del Director Obras, profesional responsable de la emisión de los certificados y decretos respectivos.”

Entre las irregularidades “estándar” que se podían observar, acota el arquitecto, “existían terrenos rurales, que literalmente se hacían pasar como terrenos urbanos, esto con la finalidad de ser subdivididos por la Dirección de Obras en absoluta ilegalidad y en complicidad negligente del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua. “

Añade que “otro hecho común, pero de las irregularidades ‘graves’, y que motiva a insistir en mi denuncia, era la existencia de una gran cantidad de viviendas construidas con subsidio edificados en Zonas de Riesgo de Inundación y Aluvión; áreas claramente definidas por los instrumentos de planificación territorial vigente. Esta irregularidad ocurría gracias a la constante negligencia de omisión de información en los Certificados de Informaciones Previas; los cuales se evacuaban, omitiendo informar las restricciones de los predios, al proyectista o al contribuyente, sumado a una nula fiscalización por parte de la Dirección de Obras, Serviu y finalmente Seremi de Vivienda de la región, quienes aplicaban un singular criterio a beneficio de unos y en desmedro de otros según fuera el caso en particular.”

Según remarca “estos hechos y otros más, fueron debidamente denunciados y sucedían, en pleno proceso de Actualización del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua y procesos de Actualización de los Planes Reguladores Comunales, todos estudios financiados con fondos públicos durante el año 2015. “

Además, precisa Guzmán, “el Serviu, el año 2014, tenía perfecto registro de las negligencias cometidas en viviendas subsidiadas y construidas en Zonas de Riesgo. La información fue registrada al momento que los contratistas o constructores intentaron cobrar los honorarios por la ejecución de proyectos habitacionales, donde algunos se ejecutaron “sin permiso de edificación” y a la fecha no pueden ser ocupados legalmente, hasta subsanar el Articulo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) , referido a las Zonas de Riesgo.”

“Si todos los antecedentes mencionados hasta aquí representan un hecho irregular digno de denuncia; faltaba la “guinda de la torta”, la cual ocurrió el mismo año 2015, en dependencias de la Seremi de Vivienda, durante las mesas de trabajo con las Direcciones de Obras de Graneros, Codegua y Mostazal, junto a la Unidad de Desarrollo Urbano de la Seremi Minvu de O’Higgins. “

En esta reunión, menciona, “la consultora Habiterra, consultora contratada con fondos públicos para llevar a cabo la Modificación al Plan Regulador Intercomunal de Rancagua (PRIR), expuso a ‘odo de denuncia’ que producto de una serie de negligencias por parte del proyecto Autódromo Internacional de Codegua, el PRIR presentaría un aumento exponencial de Zonas de Riesgo de Inundación para la comuna de Codegua, afectando tanto a predios rurales como a urbanos; en especial al centro de la comuna”

“Esta anomalía se generó a razón de la destrucción de las medidas de mitigación y ocupación ilegal del estero con el objeto de ampliar la pista de carrera del Autódromo, así también la negligente construcción de falsos muros acústicos. La consultora Habiterra, sustentó su denuncia en estudios técnicos, los cuales coincidían curiosamente y tangencialmente con los procesos sancionatorios del proyecto Autódromo y oficios de la Superintendencia del Medio Ambiente, quien certificaba el hecho expuesto por parte de la consultora”, advierte.

De acuerdo al profesional, todas estas irregularidades siguen estando presentes al día de hoy, sin ser subsanadas ni sancionadas. “Por lo demás, el Autódromo continúa funcionando normalmente, y esquivando como campeona constantemente los procesos sancionatorios y decretos de cierre , como el pasado año 2018”, comenta.


Responsabilidades


Según denuncia el arquirtecto Guzmán, “el ‘ex’ Director de Obras, funcionario público responsable en cientos de irregularidades detectadas y cuya última labor como Director, el año 2014, fue generar el Decreto del Permiso de Edificación al proyecto Autódromo, ingresa ese mismo año, a la Unidad de Desarrollo Urbano como ‘analista’, paradójicamente fiscalizando el mismo proyecto que había autorizado como Director de Obras. Esta gestión de fiscalización se originaba a raíz del proceso sancionatorio y clausura que enfrentaba el proyecto por denuncias.”

El año 2015, continúa, “este peculiar funcionario, el Sr. Jairo Esteban Romero Soto, formaba parte de los supervisores del proceso de Actualización del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua y estaba presente junto al pleno de la Unidad de Desarrollo Urbano dirigido por el señor Patricio Olate, quien también estaba presente, durante los antecedentes expuestos por la consultora Habiterra, en esa mesa de trabajo.”

“Quien escribe y según protocolo, acudió a todas las instancias disponibles, entregando los antecedentes a manos de Concejales”, sostuvo, agregando que "presenté además una denuncia formal en Contraloría, obteniendo irracionales respuestas, como por ejemplo: que la 'entidad no podía pronunciarse por falta de antecedentes’. Lo cual ocurría al mismo tiempo que la entidad detectaba omisiones en la calificación del uso de suelo en un instrumento público.”

“En virtud de la abultada cantidad de antecedentes y sumado a la gravísima denuncia del Concejal Alex Pedraza, quien en ejercicio de sus funciones en esa fecha, señala que las Actas del Concejo Municipal fueron borradas, respecto de las incidencias efectuadas frente a las eventuales irregularidades del proyecto Autódromo. Así también como la eliminación de los correos electrónicos intercambiados con la Unidad de Desarrollo Urbano, todas ellas 'pruebas' que dejaban en evidencia la denuncia y una peculiar desaparición con más de 20 Certificados irregularmente emitidos y archivados con actas por duplicado , que misteriosamente las auditorias de Contraloría no lograron fiscalizar”, consigna el profesional.

Según relata, “el 2 de octubre del 2017, decido formalizar la denuncia en Fiscalía a razón de la pobre gestión de los concejales. Originalmente se informó en la misma Fiscalía de O Higgins, que la denuncia quedaría en manos de una Unidad de Alta Complejidad, dado el carácter de delito penal que esto reviste , el peligro para las personas y la malversación de caudales públicos al edificar con platas públicas , viviendas en Zonas de Riesgo. No obstante, posteriormente, la denuncia fue derivada a Graneros como una denuncia “común y corriente”, a pesar incluso, que el municipio denunciado justo en esa fecha, presentaba un caso por licencias de conducir adulteradas por funcionarios municipales, hecho que decanto en una investigación de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de O Higgins, denuncia que fue objeto de un programa de televisión.”


Rotulación de la denuncia


La denuncia presentaba por Guzmán quedo rotulada como: Malversación de caudales públicos Arts 233, 234 y 235, RUC 1701029263-8.  A la fecha, indica el arquitecto, “no existe antecedente alguno de gestiones de la Fiscalía de la Región de O Higgins. Sin embargo, más antecedentes continúan y continúan apareciendo, incluido algunos videos donde el actual Seremi de Vivienda reconoce las irregularidades denunciadas el año 2015, respecto de viviendas Serviu irregularmente construidas en Zonas de Riesgo. Asombrosamente, dichas irregularidades son reconocidas frente al Concejo municipal por escrito y patrocinadas por un Senador de la República.”

“Hago ver aquí que el año 2016, se presentó también una solicitud a Contraloría para investigar las eventuales irregularidades en el proceso de Actualización del Plan Regulador Inter comunal de Rancagua, que comprende las comunas de Codegua, Graneros, Machalí, y Mostazal, Olivar y Rancagua. Proceso de actualización a cargo de la Seremi de Vivienda de O’Higgins, específicamente de la Unidad de Desarrollo Urbano, cuyo responsable es el Sr. Patricio Olate. Esta denuncia fue ingresada a raíz del Caso Caval”, afirma.

La denuncia concluye apuntando que “aquí se da origen, por parte de la Contraloría de O'Higgins, a un Informe de Investigación que es el Informe Especial N°920-15, firmado por el Contralor Regional de O Higgins, Marco Troncoso, el cual desconoció sus objetivos y no existe ninguna observación a la serie de irregularidades ocurridas en Codegua y a las otras comunas involucradas. Tampoco dicho informe cuestionó el proceso llevado a cabo por la Seremi Minvu, siendo esta repartición pública la responsable legal de la tramitación de un Plan Regulador Intercomunal, materia objeto de los cuestionamientos del tan conocido Caso Caval.”