Un burlesco proyecto de ley a la medida del interesado

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Patricio Herman (columnista)

En algunos medios digitales criticamos el proyecto de ley de los diputados Juan Manuel Fuenzalida, Sergio Bobadilla, Carlos Abel Jarpa, Raúl Leiva, Christián Moreira, Erika Olivera, Pablo Prieto, Matías Walker, Rodrigo González y Marcelo Díaz en materia de Vivienda y Urbanismo, pues querían simplificar las exigencias reglamentarias y legales necesarias para la obtención de permisos de edificación y otras materias relacionadas. Dos de esos diputados, Rodrigo González (PPD) y Marcelo Díaz (PS), oportunamente borraron sus firmas en dicho bochornoso proyecto de ley, pues entendieron que fueron sorprendidos por sus colegas.

Ahora bien, hemos sabido que el gobierno, conforme a su propio interés, le dio urgencia a ese proyecto de ley, inserto en el Boletín Nº 12.432-14, denominado "Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para dar certeza jurídica en materia de aprobaciones de planos reguladores comunales y de permisos de edificación", justificándolo porque así se destrabarán millonarias inversiones en el rubro de la construcción. Quienes lideran este traje a la medida de esa influyente industria es el diputado (UDI) Juan Manuel Fuenzalida en conjunto con el Minvu y con la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC). Tal proyecto, según hemos sabido por el diario El Día de La Serena, estaba en la tabla del martes 12 de marzo en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, pero el asunto no se trató.

Los 8 diputados promotores sostienen de que con esa ley se contará con certeza jurídica respecto al proceso de petición y otorgamiento de los permisos de edificación y para ello se le introdujo la disposición del silencio positivo, lo que en la práctica significa que, aunque sea ilegal una solicitud de permiso de edificación, si transcurre un cierto período de tiempo de tramitación, esa solicitud se transforma por bendición divina en un permiso terminal, con el cual su titular podrá iniciar el proyecto. Por otro lado el período de 2 años para invalidarse un permiso mal cursado, asunto que se refleja en el artículo 53 de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, esos diputados proponen reducirlo a escasos 6 meses. Como vemos, esos diputados no son tímidos.

Para ir preparando el camino y por lo tanto para sensibilizar a la opinión pública, el pasado viernes 8 de marzo el diario El Mercurio publicó en una colorida página completa el reportaje “Proyectos inmobiliarios detenidos afectan a 112 mil personas y US$ 5.700 millones en inversión“, con epígrafe “Cámara de la Construcción revisó 158 casos cuestionados en Santiago por la Contraloría y otros organismos”.

En esa vulgar inserción publicitaria se reproducen las opiniones de Patricio Donoso, presidente de la CCHC, quien hizo muy bien su labor para impresionar a los lectores, diciendo, entre otras cosas, que el entrampamiento en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios se debe a un cambio de criterio en la interpretación de la normativa aplicable que proviene de la Contraloría (sic).

Debido al mendaz tenor de esa publicación, pues la Contraloría siempre ha mantenido su jurisprudencia administrativa, el mismo día 8 de marzo le enviamos a su director un mail diciéndole que como nuestra fundación ha sido quien ha denunciado en la Contraloría una cierta cantidad de permisos de edificación ilegales y prácticas indebidas por parte de algunos municipios, nos poníamos a disposición del diario para que sus lectores conocieran la otra cara de la moneda. Se debe saber que la Contraloría no examina de oficio este tipo de permisos.

Obviamente nuestro ofrecimiento no fue aceptado por la sencilla razón de que ese diario, como toda la comunidad que se desenvuelve en esta actividad económica, sabe muy bien que todos los permisos de edificación cuestionados por la Contraloría son manifiestamente contrarios a derecho. Lo que ha sucedido, es que tal industria por estar muy molesta con la fiscalización de la Contraloría, ha arremetido en contra de ella, llegando al extremo de expresar algunos de sus dirigentes que el órgano de control de la legalidad no debe intervenir en este tipo de materias porque invade atribuciones del Minvu, lo cual es totalmente erróneo. Está claro que con esos reclamos de las asociaciones gremiales empresariales, amplificados por la prensa interesada, hábilmente se armó un conflicto artificial para justificar el proyecto de ley en comento y además para ablandar el rol que ejerce el órgano de fiscalización por mandato de su propia ley orgánica constitucional.

Si esos bien organizados empresarios, siempre muy cercanos al poder político, dejaran de interpretar a sus gustos los marcos regulatorios para obtener ventajas, estamos ciertos que se terminarían las denuncias ante la Contraloría y así el mercado funcionaria correctamente, luego con igualdad de oportunidad para todos, criterio que es voceado permanentemente por ellos mismos, aunque como buenos farisaicos no lo cumplen.

Debido a que en el Congreso Nacional hay parlamentarios serios, seguramente este traje a la medida no pasará la prueba de la blancura.


Patricio Herman