"¡No leí el proyecto..!"

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Luis Riveros (columnista)

Causa desconcierto en la ciudadanía el debate creado por la inminente instalación de nuevos medidores de consumo domiciliario de electricidad. Esta iniciativa se reflejó en un proyecto que se convirtió en Ley en Enero de 2018 estableciendo textualmente que: “El empalme y el medidor son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de distribución. Los decretos tarifarios a que se refieren los artículos 120, 184 y 190, o el que los reemplace, determinarán la forma de incluir en sus fórmulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones, así como las condiciones de aplicación de las tarifas asociadas a ellas." Algunos parlamentarios aparentemente olvidaron que esta iniciativa legal había sido aprobada, por lo demás en condiciones de amplia y transversal mayoría. Otra interpretación que ha surgido a posteriori es que el Gobierno estaría emitiendo un Decreto para cambiar el espíritu de la ley aprobada, lo cual sería abiertamente inconstitucional Pero, en todo caso, la letra de la ley en cuestión es muy clara en cuanto a que la empresa debe determinar la forma de “incluir en sus fórmulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones”, sin dar lugar a ninguna instancia administrativa que pueda cambiar eso. El ciudadano común y corriente se encuentra muy desorientado, ratificando la generalizada sensación de que los poderes del Estado no están cumpliendo su tarea a cabalidad en la idea de proteger el bien común. Nadie ha aclarado, por ejemplo, porqué se necesitan esos nuevos medidores, ya que opiniones técnicas solventes indican que poco o nada agregan a la capacidad de los ya existentes. ¿Se consideró esto en la discusión de la Ley? También se dice que la red de nuevos medidores proveerá información delicada sobre la ocupación efectiva de las viviendas, y esos datos no están claros cómo se protegerán y merced cuáles protocolos. Se ha abierto una senda de profunda desconfianza, que se ha ratificado frente a la ya generalizada sensación de que nuestros parlamentarios no cumplen a cabalidad con su delicada tarea. Manifestar que “no leí la ley” no hace sino agregar una dosis negativa más a la ya pésima evaluación de que es dueño nuestro Parlamento.


Luis A. Riveros

Universidad de Chile