Contaminación en Quintero: Cámara Baja aprobó informe que asigna responsabilidad al Ministerio del Medio Ambiente

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Quintero (Ventanas)

Por la unanimidad de 131 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre las causas de alta contaminación ambiental, especialmente en Concón, Quintero y Puchuncaví, y de responsabilidades en ejecución del plan de descontaminación.

La Comisión respaldó la posición de la Contraloría y responsabilizó a los exministros de Medio Ambiente, Pablo Badenier , por la decisión de confeccionar un inventario de emisiones superior al que correspondía; y a Marcelo Mena, por la medida técnica y política de no subsanar las observaciones al inventario de emisiones y a las medidas propuestas para emisiones de calderas.

En dicho plano se consideró que, tanto el inventario de emisiones contenido en el plan representado como las medidas de descontaminación que se construyeron a partir de este, no permitían que el plan cumpliera con su objetivo legal.

Se indica que la responsabilidad fue reconocida ante la Comisión por el propio Pablo Badenier, quien indicó que las observaciones eran subsanables en el trámite de toma de razón ante la Contraloría.

“Desconozco por qué no fueron subsanadas y si no era posible subsanarlas. Si yo hubiera sido Ministro, retiro el plan de Contraloría y lo presento al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad con las correcciones que me hizo la Contraloría”, planteó el exministro.

La Comisión constató que la sola existencia del plan de descontaminación atmosférica no era suficiente para evitar los episodios de intoxicaciones que se vivieron. Precisó que su principal aporte en esta investigación fue establecer límites en las emisiones de dióxido de azufre, material particulado y óxidos de nitrógeno provenientes principalmente de las empresas AES Gener, Codelco Ventanas y Enap


Emergencia ambiental


Concluyeron que la emergencia ambiental que se desató en agosto el año pasado en Quintero y Puchuncaví es el “reflejo sistemático del Estado como garante al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, que no es atribuible a un gobierno en particular.

Además, se acusó que es evidente la falla que existe en establecer políticas eficaces de descontaminación y un acceso al sistema de salud acorde con la situación de los habitantes de la zona, privilegiando consolidar la instalación de empresas contaminantes.

“Se considera que el conflicto sanitario y medio ambiental histórico que afecta a esas comunas no ha sido abordado correctamente por las autoridades competentes en el tiempo”, plantea el informe.

Como argumentos, los parlamentarios sacaron a relucir que, en la Comisión Investigadora del año 2011, por la nube tóxica que afectó a la escuela La Greda, se presentó un conjunto de recomendaciones para que el Estado tomara medidas y evitara un futuro episodio de contaminación.

Sin embargo, agregan en el informe, solo un 17% de ellas fueron consideradas. Incluso la Comisión dijo no compartir la decisión de haber suspendido las clases en lugar de haber tomado medidas para disminuir o suspender la actividad industrial que podía originar la contaminación.


Responsabilidades a empresas por contaminación


Respecto de las empresas del parque industrial de la zona, se concluyó que, debido a las deficiencias normativas, institucionales y de infraestructura parece "imposible detectar con exactitud qué compuesto está contaminando y de qué empresa proviene”.

Lo anterior se plantea al determinar la existencia de varios contaminantes y la sumatoria de varios hechos: estaciones de monitoreo que solo miden los gases normados; el fenómeno de los peaks de emisiones; y las condiciones meteorológicas y de ventilación, entre otros factores.

Sin embargo, a pesar de las debilidades institucionales y normativas, la instancia obtuvo la certeza que la responsabilidad por la contaminación de la zona de Quintero Puchuncaví encuentra su causa directa en las emisiones de las empresas que conforman el parque industrial de la zona.

En cuanto a las zonas de sacrificio, territorios vulnerables ante el cambio climático, la Comisión acordó que es necesario implementar medidas efectivas para revertir que comunidades sean sacrificadas por la instalación de proyectos con impacto ambientales intolerables para el contexto local.

Finalmente, la Comisión planteó en su marco de recomendaciones generar un plan de emergencia para catástrofes ambientales y químicas; ejecutar mediciones de contaminantes en aire, suelo y aguas para el consumo humano; y realizar exámenes toxicológicos a los habitantes de las denominadas zonas de sacrificio.

Asimismo, se planteó la paralización inmediata y en forma indefinida de todos los proyectos y permisos que se hayan otorgado o estén en curso para nuevas concesiones en la Bahía de Quintero, entre otras.