Comité Desarrollo Urbano y Territorial, Colegio de Arquitectos de Chile A.G.

Ley de Convivencia Vial: Un nuevo compromiso ciudadano

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Cartas al director

Si bien la nueva Ley de Convivencia Vial se ha presentado como un instrumento que busca una relación armónica entre el flujo peatonal y el de los distintos medios de transporte, específicamente ciclos y vehículos motorizados, resulta preocupante, primero, que se deba recurrir a normas que crean nuevos infractores de ley para regular el deseado buen comportamiento entre ciudadanos y, acto seguido, que los aspectos que se refieren a su correcta implementación generen dudas sobre la (inmediata) seguridad ofrecida a los distintos actores que participamos relacionalmente en el uso del espacio público, en particular respecto al marco de armonía que debiera existir entre vehículos motorizados y ciclos en el espacio de la calzada, o dicho de otra forma, en la seguridad que se ofrece a los ciclistas para transitar por las calles de nuestras ciudades.

Respecto a lo primero, sólo nos queda promover un cambio de actitud en la población y esperar (atentamente, aunque no ingenuamente) que este tipo de medidas generen la educación cultural que nos hace falta para asumir, como sociedad, que el respeto, la solidaridad y la empatía son elementos necesarios cuando se trata de sostener una sana convivencia entre seres humanos, independientemente del medio que utilicemos para movernos por los espacios que nos toca habitar.

Sobre lo segundo, en tanto, la Ley ya puesta en marcha nos hace dirigir la mirada al protagonista de la noticia, a los y las que en número creciente han ido ocupando nuestro espacio vial y colectivo: el/la ciclista.

No es una novedad decir que el uso de la bicicleta se ha incrementado exponencialmente en el último tiempo de manera insospechada, ni que esta situación ocasione naturalmente el rebaraje de los actores presentes en el espacio público, tendiendo a generar (también naturalmente) nuevos conflictos cotidianos, cuestión que parece atender la nueva Ley. Pero, aunque se puede inferir que esta norma apunta en una dirección correcta, su implementación resulta confusa. Establece, por ejemplo, que ante la proyectada inclusión del ciclo en el espacio de la calzada, todo vehículo motorizado respete una distancia de un metro y medio respecto al ciclo, pero en sentido contrario se permite dar un margen de tres años (ya con la Ley vigente) para la ejecución de las ciclovías (si no físicamente construidas, al menos demarcadas en las calles, así como se distinguen la vías en sentido contrario) que permitan la circulación segura de esos y esas ciclistas. Poco caso se hace al sentido común que nos confirma que, así como son quienes tienen más probabilidades de vulnerar el espacio peatonal, cuyo resguardo parece garantizar (sensatamente) esta norma, son los y las ciclistas quienes tienen más posibilidades de verse vulnerados en su integridad (con riesgo vital) por los medios de transporte motorizados, a cuyo espacio (¿sensatamente?) se les traslada.

En el caso de Santiago, puntualmente, a dos años de ser indicada como la segunda ciudad más contaminada entre las que componen los países integrantes de la OCDE, el aumento sostenido del uso de los ciclos permite esperar que éste sea un factor importante (entre muchos) para revertir esa situación y generar un ambiente sano y limpio y, sin embargo, se dilata la ejecución de un proyecto como Mapocho Pedaleable, que apunta tanto al resguardo medioambiental y a la integración espacial de la ciudad como al bienestar físico de sus usuarios y usuarias. En ese sentido, es preocupante ver que, antes de constituirse como un ciudadano sujeto de derechos, sea mediáticamente más importante que la/el ciclista se vaya convirtiendo en un nuevo sujeto infractor de ley: no parece gratuito que sea noticia que Carabineros haya cursado más de 600 partes a ciclistas por no poseer los implementos de seguridad que la nueva Ley exige y no que se cursen partes a conductores imprudentes que no respetaron la distancia estipulada, a conductores que embistieron a un ciclista o a la tardanza en disponer de espacios seguros de circulación por parte de las autoridades de gobierno y municipales: ¡El mundo al revés!

Lamentablemente, en vista de lo anterior y a juzgar por lo que los medios nos informan, constituiríamos una sociedad en donde los ciudadanos distamos mucho de respetarnos mutuamente a la hora de movernos por las calles de nuestras ciudades, donde el circular en ciclos por la vía PÚBLICA parece constituir un peligro que requiere legislación y sanción. El mensaje que mediáticamente se da sobre su implementación, al fin, no ha resultado estar a la altura de lo que esta nueva Ley pretende y parece no dirigirse hacia la ciudad amable, descontaminada y descongestionada que como ciudadanos queremos, merecemos y debiésemos exigir como parte relevante de nuestro Derecho a la Ciudad.


CDUT, Comité Desarrollo Urbano y Territorial 

Colegio de Arquitectos de Chile A.G.