​Los Historiadores Pueden Estar Tranquilos

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Hermogenes Perez de Arce

Hay en trámite un proyecto para castigar con presidio a quienes nieguen que hubo violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno Militar. Pero eso nadie lo niega. Los asesinatos del coronel Roger Vergara, del Intendente Carol Urzúa, del teniente Carevic al desactivar una bomba terrorista, del teniente Zegers Reed al desactivar un misil en Tobalaba y los de los escoltas del Presidente Pinochet fueron atentados contra los derechos humanos ocurridos durante el Gobierno Militar que nadie podría negar. Lo mismo los asesinatos del general Prats, de Orlando Letelier, de Tucapel Jiménez y de los jefes del FPMR comunista, Parada, Guerrero y Nattino, también fueron atentados contra los derechos humanos. Tampoco nadie los podría negar.

Lo que sí niegan historiadores serios es que atentar contra los derechos humanos fuera una política del Gobierno Militar. En cambio sí era política del Partido Comunista, a través de su brazo armado, el FPMR, fundado para cometer esos atentados. En cambio, el respeto a los derechos humanos estaba en la Declaración de Principios del Gobierno Militar y las circulares del Presidente de la Junta y altas autoridades ordenando a las Fuerzas Armadas y de Orden respetar los derechos humanos constan de documentos públicos como la Circular N°1 de 7 de enero de 1974, que “Dicta Normas en procedimientos que empleen Fuerzas Armadas y Carabineros”, donde dice: “Nuestra etapa en el Gobierno no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos”; como la Circular Confidencial N° 22 de 15 de enero de 1974 del Ministerio del Interior en igual sentido; y como la Circular Confidencial N° 22 del Director General (s) de Carabineros, Félix González Acevedo, del mismo tenor. En enero de 1976 se dictó el Decreto Supremo N° 187, prohibiendo los lugares secretos de detención. En 1979 la escritora francesa Suzanne Labin visitó el país y preguntó por los presos políticos, sólo para encontrarse con que no había ninguno.

Todo esto es “afirmacionismo”, que no puede ser delito, según el proyecto, porque es lo contrario del “negacionismo”, que es lo que él castiga. Los historiadores pueden estar tranquilos.


Hermógenes Pérez de Arce