​Una Nueva Dirinco

|



Luis Riveros

En tiempos pasados cobró protagonismo la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) entre cuyas atribuciones estaba la de fijar los precios máximos de los productos. Tarea compleja, porque requería saber mucho acerca de los costos y de las calidades de fabricación implícitas en tales productos. Por eso, por ejemplo, la DIRINCO tenía que definir que era una “marraqueta” (con tallas, cortes y otras especificidades de producción) para poder así fijar el valor de ese producto. Y así con tantos otros bienes en pos de cuyo precio “oficial” oficiaba todo tipo de lobby, y también se realizaban muchas especulaciones seudo técnicas para determinar “el” precio al que deberían transcurrir las compras y ventas. Durante un tiempo se mencionó este caso como ejemplo de la simplista idea de que podía existir una economía dirigida, fuera de un libre juego de oferta y demanda. Se suponía que eso beneficiaba a los más pobres, pero la verdad es que no era así porque siempre los más ricos tenían mayor información (y poder adquisitivo) para beneficiarse de los precios “oficiales”. Obedecía al viejo sueño de una economía controlada, en contraste con el valor de buenas regulaciones para evitar distorsiones y fomentar la competencia como la mejor forma de regular los precios.

Ahora tenemos de vuelta a una nueva DIRINCO. Ella está a cargo, ni más ni menos, que de los aranceles de las carreras universitarias para determinar así el subsidio por alumno que recibirán las instituciones en el esquema de gratuidad. Está creando, como su antecesora de los años 60, un problema muy serio para las instituciones que no pueden cubrir sus costos y deben reducir calidad o “ajustar” equipos académicos y de investigación para adaptarse a los precios “oficiales”. Esta DIRINCO no puede tener la información para determinar los costos de distintas carreras brindadas por distintas instituciones con muy diferentes modelos e insumos. Seguramente terminaremos estableciendo una modelo “marraqueta” para homogenizar los costos y ajustarse así al impacto fiscal de la gratuidad. Será, de tal forma, un grave daño a la calidad y diversidad que precisa nuestra educación.


Luis A. Riveros

Universidad de Chile