Gobierno español contradice decreto de Supremo y ordena a bancos a pagar impuesto a las hipotecas

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Los bancos tendrán que empezar a pagar el llamado impuesto a las hipotecas desde este lunes 12 de noviembre, dos días después de la entrada en vigor del real decreto ley aprobado este jueves por el Consejo de Ministros que modifica el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

De esta forma, el Gobierno cumplió con la modificación anunciada ayer por el Presidente Pedro Sánchez, para evitar que sean los consumidores quienes se hagan cargo del tributo, contradiciendo así la resolución adoptada por el Tribunal Supremo.

En concreto, apunta una publicación del medio español El Mundo, el Ejecutivo introducirá un nuevo párrafo en el artículo 29 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos que regula el impuesto, en el que dejará claro que "cuando se trate d con garantías hipotecarias, se considerará sujeto pasivo al prestamista", esto es, a las entidades financieras, tal y como ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Monteroen la rueda de prensa posterior al Consejo.

La dirigente también ha asegurado que se modificará la normativa del Impuesto de Sociedades para que las entidades no puedan deducirse la tasa.


"Alarma social"


Montero, consigna el citado medio de prensa, ha justificado la respuesta del Gobierno en la "gran alarma social" creada a raíz de la sentencia del Alto Tribunal el pasado 18 de octubre y en la necesidad de "lanzar un mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos.

Sin embargo, la ministra no ha podido aclarar de qué manera pretende el Ejecutivo evitar que los bancos acaben repercutiendo el impuesto en los clientes, tal y como han advertido varias asociaciones de consumidores y diversas firmas de análisis. La última en hacerlo ha sido la agencia de calificación Moody's, que considera "muy probable" que los bancos trasladen los costos hipotecarios adicionales a los clientes "aumentando las tasas de crédito o cobrando más comisiones", en un intento por proteger sus márgenes de ganancia.

En este sentido, Montero confía en la "responsabilidad" del sector financiero y en la "autorregulación del mercado" para evitar conductas abusivas hacia los hipotecados, así como en la Autoridad Independiente para la Protección de los Clientes Financieros, cuyas atribuciones y competencias aún están por definir.

Según ha avanzado la ministra, el departamento de Economía está trabajando en la creación de este organismo que, en teoría, vigilará para que no se incorporen cláusulas abusivas en los nuevos contratos hipotecarios; en la práctica, Montero no ha dado detalles sobre cómo lo hará posible.

El IAJD aporta unos 2.000 millones de euros anuales a las arcas autonómicas, de ahí que el Gobierno descarte la supresión del impuesto que propone el PP. Montero ha instado a los populares a que se sumen al resto de fuerzas políticas para convalidar el decreto en sede parlamentaria o, en su defecto, les ha retado a plantear alternativas para compensar la pérdida de esos ingresos para las comunidades.

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