​Por fin Argentina tiene su propio Lavajato

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FRANCISCO PINOCHET

En una estación de servicios de Brasilia, que incluía un lavadero de autos ("Lava Jato", en portugués), funcionaban los operadores de una gigantesca red de lavado de dinero. Para esto, el gigante Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un programa impulsado por el presidente Lula y la ministra de Energía de la época Dilma Rousseff, con el supuesto objetivo –muy keynesiano- de estimular la creación de empleos en el país.


Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos que abultaban significativamente el presupuesto del contrato, los cuales se repartían entre políticos y empresarios. El dinero era blanqueado a través de distintos negocios como hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina y otros.


Este “mecanismo” usado por constructoras y políticos corrompió a funcionarios no sólo de Brasil sino de distintos países para obtener importantes concesiones en toda América Latina. El dinero que se pagaban en coimas era cargado al costo final de las obras a través de modificaciones al contrato original, las que podían llegar a duplicar el valor real de los trabajos.


Aunque siempre había fundadas sospechas de la corrupción existente, fue un descuido el que permitió tener una pista que permitió destapar el que se considera como el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil. En el transcurso de la investigación, se identificó que Alberto Youssef, un cambista encargado de entregar y lavar el dinero de las coimas, compró un vehículo Range Rover Evoque para el director de Petrobras Paulo Roberto Costa -encargado de inventar las razones que justificaban los sobre precios, entre otras funciones en este “mecanismo”. La generosidad de Youseff hizo que pagara por el vehículo a la concesionaria con un cheque personal siendo imposible que Costa acreditara que no había sido un regalo.


Hoy Argentina vive su propio Lavajato. El caso de los cuadernos de coimas ha destapado un mega caso de corrupción que ya afecta a un gran número de empresarios -del sector de la construcción y energético- y políticos, estos último vinculados en su totalidad a los ex presidentes Néstor Kirchner y su mujer Cristina Fernández. De a poco, distintos arrepentidos -políticos y empresarios- se han decidido a hablar y pactar con la justicia mantener la libertad a cambio de información: la figura de imputado-colaborador, o "arrepentido".


El caso estalla después de que llegaran a manos de la justicia ocho cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido.


Baratta hace tiempo venía siendo investigado por la justicia, en relación con varios casos de corrupción. Incluso fue detenido en octubre de 2017, por una causa en la que se investiga una millonaria defraudación en la compra de barcos de gas natural licuado. Pero fue liberado por falta de pruebas.


De ahí la importancia de los cuadernos que, a modo de bitácora de la entrega de las coimas, había escrito Centeno durante más de 10 años. El caso también se destapa por un descuido. Los cuadernos que contenían las anotaciones de Oscar Centeno ante el temor de éste de que su ex mujer lo denunciara a la justicia, se los entregó a su amigo Jorge Bacigalupo, con quien se conocía por ser también remisero. Éste los entregó al periodista Diego Cabot, quien llevó la trama de corrupción a la justicia.


Por orden del juez federal Claudio Bonadio están detenidos Roberto Baratta, y más de 15 ex funcionarios y empresarios.

Los efectos de este caso son insospechados.


Se reclamará la anulación del sobreseimiento de Néstor y Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito que el controvertido ex juez federal Oyarbide firmó en 2009, por considerarlo "cosa juzgada írrita" o fraudulenta. Si esta acción prospera, se sentará un precedente histórico y de consecuencias incalculables para la justicia argentina.


Para hacer efectiva la prisión de CFK se debe realizar un pedido de desafuero, por ser en la actualidad senadora de la nación. El juez federal Bonadio la citó a declarar como acusada ya que después de revisar los cuadernos de Centeno, éste escribió que en vida de Néstor Kirchner uno de los lugares de destino del dinero recaudado era el departamento de Buenos Aires que ella ocupa, todavía hoy, en Recoleta.


Y además, se ha pedido la inhabilidad como senadora nacional de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Nacional”. La ex presidenta Fernández se encuentra involucrada en más de 450 causas que la Justicia investiga, por enriquecimiento ilícito, delito de acción pública, encubrimiento, violación de deberes de funcionario público, entre otras. Se trata de un claro caso de inhabilidad moral para cumplir funciones públicas, previsto en la Constitución de ese país.


Esperemos que éste sea el inicio del fin de la corrupción en Argentina.


Francisco Pinochet Cantwell

Doctor en Derecho

Profesor Pontificia Universidad Católica de Chile