​¿Es Obligatoria la Jurisprudencia de la Corte Suprema en Chile?

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FRANCISCO PINOCHET

Desde siempre se ha sostenido que en Chile la jurisprudencia de nuestros tribunales, inclusive la de Corte Suprema, no es obligatoria.

Esta postura que genera diversos problemas, se sustenta en el tenor del artículo 3° del Código Civil en virtud del cual “sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio” no teniendo las sentencias judiciales fuerza obligatoria “si no respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”. Se ha estimado desde siempre que la jurisprudencia no puede ser considerada como fuente inmediata y directa del derecho.

En virtud de esta norma, resulta lógico concluir que no se puede obligar a ningún juez a que falle conforme a lo decidido por la Corte Suprema en una causa distinta. De esta premisa se ha concluido habitualmente que la jurisprudencia del máximo Tribunal del país no es obligatoria.

Este problema es lo que ha impedido que se produzca uniformidad en la jurisprudencia, ya que los magistrados de primera instancia y los jueces de primera instancia y Ministros de las Cortes de Apelaciones del país, no están obligados a seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema, razón por la cual el carácter de fuente del derecho que se le atribuye a su jurisprudencia resulta ser bastante relativa: al no ser acatada por los tribunales inferiores -se dice- no es fuente del derecho.

Esta situación se agrava porque dentro de la propia Corte Suprema se produce jurisprudencia contradictoria, ya que las salas modifican su criterio muchas veces debido, a su vez, a un cambio de conformación de las mismas al integrarse con otros jueces, proceso que -por razones de las más diversas índole- se va produciendo en forma permanente. Estos jueces –Ministros- pueden, naturalmente ver de otra manera un mismo caso y, en consecuencia, aplicar otro criterio distinto.

Este problema ha llevado a muchos a afirmar que en Chile no existe un Estado de Derecho debido a la falta de igualdad en la aplicación de la ley, ya que es de su esencia el debido respeto al derecho fundamental de igualdad ante la ley.

En nuestro concepto, la jurisprudencia de la Corte Suprema de nuestro país tiene el carácter de obligatoria porque ésta tiene la facultad más importante como máximo tribunal del país, que es la de conocer del recurso de casación en el fondo, mediante el cual se impugna la infracción de ley existente en las sentencias de todas las cortes de apelaciones y, en consecuencia, de todos los tribunales del país.

Si la casación es acogida, la Corte Suprema anula el fallo del tribunal inferior, es decir anula la interpretación de la ley que realizó. Esta facultad de casar, de anular una interpretación de la ley distinta, demuestra que la jurisprudencia es fuente directa del derecho, es decir obligatoria.

En efecto, toda sentencia dictada en contravención a la ley es nula cuando la Corte Suprema así lo declare. De esta forma, cualquier fallo de un tribunal inferior que contradiga dicha interpretación es nula. Sólo falta que la Corte Suprema lo declare.

El hecho de que con posterioridad otros tribunales inferiores no apliquen lo fallado por el máximo tribunal, no le quita este valor. Idéntica cuestión ocurre, en forma paralela con la infracción de la ley proveniente del legislador, que realiza el juez del tribunal a quo.

Problema distinto a esto es que la aplicación del Derecho que hace la Corte Suprema no sea acatada. No es que no sea obligatoria, es sólo que se vulnera su aplicación, así como se vulnera la aplicación de la ley que por el acto del legislador se debiera acatar en forma permanente.

Con la interpretación que proponemos debe darse prevalencia al artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, por sobre el artículo 3 del Código Civil.

Junto al criterio propuesto, debe darse aplicación al recurso de unificación de jurisprudencia en materia de casación civil, en virtud del cual interpuesto un recurso de casación en el fondo, se puede solicitar, que el recurso sea conocido y fallado por el pleno del Tribunal, cuando la Corte Suprema, en diversos fallos, ha sostenido distintas interpretaciones sobre la materia de derecho que ha sido objeto del recurso.

No obstante el carácter obligatorio del recurso de unificación la aplicación práctica, ha sido declarar, de manera generalizada, inadmisible tales solicitudes, razón por la cual ha sido imposible contar con una jurisprudencia unificada.

Esta institución es muy similar al recurso de unificación existente en materia laboral y que se aplica satisfactoriamente en la actualidad –aunque en ocasiones no nos guste la jurisprudencia que fija.

Es un imperativo que la jurisprudencia sea unificada por la Excma. Corte Suprema. Para máxima seguridad jurídica sólo debe actuar en pleno y se deben prever quórums que hagan posible alcanzar acuerdos.


Francisco Pinochet Cantwell

Profesor Derecho Universidad Católica de Chile