FNE propone modificación estructural al mercado de los notarios

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Notarias

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó este miércoles el informe preliminar del Estudio de Mercado sobre Notarios que comenzó en julio del año pasado. El documento, que estará disponible para comentarios hasta el 17 de julio, muestra el diagnóstico y las propuestas de la Fiscalía para mejorar la competencia en este mercado.

Durante el estudio, la entidad comprobó la hipótesis de falta de competencia planteada, que señala que “la intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto”.

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, destacó que el estudio “es un gran avance para el análisis de este mercado, porque permite, de manera inédita, contar con datos reales sobre su funcionamiento y llevar a cabo una discusión de políticas públicas sobre el mercado de los notarios con miras a una eventual reforma legal”.

La investigación del organismo consideró la revisión de literatura especializada y de información pública disponible sobre el ámbito, pero también el uso de otras herramientas una encuesta encargada al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que fue aplicada en 77 notarías ubicadas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, que permitió explorar el comportamiento competitivo de estas.

Adicionalmente, se solicitó a 20 de las 77 notarías consideradas en la encuesta, información sobre boletas emitidas, tamaño de la oficina, trabajadores y antecedentes tributarios. Asimismo, se pidió al Servicio de Impuestos Internos (SII) información tributaria agregada sobre los notarios divididos por zonas del país.

Durante la realización de este estudio, la Fiscalía contó con la asesoría de los abogados Enrique Barros y Felipe Bulnes y de los economistas Claudio Agostini y Eduardo Engel.

A s vez, la FNE encargó dos informes sobre diversos aspectos del estudio. Uno lo realizó el abogado y profesor de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Roger Van den Bergh, reconocido como una autoridad internacional en sistemas notariales. El otro, el experto en políticas tecnológicas y gobierno electrónico, Alejandro Barros.


El diagnóstico


El estudio revela que sólo 17 servicios concentran el 90% de la demanda notarial, que las personas tardan aproximadamente 1 hora y 13 minutos en realizar trámites notariales, que aquellas notarías que enfrentan mayor competencia tienen mejor calidad de servicio, que los aranceles vigentes no se cumplen, y que las rentas obtenidas por quienes prestan el servicio son elevadas, llegando a los $14 millones de pesos mensuales, en promedio a nivel nacional, y a $24 millones promedio en Santiago Centro.

Luego, considerando la regulación vigente y la información sobre el funcionamiento de las notarías, se observó tres ámbitos principales en que se generan obstáculos para el funcionamiento competitivo del mercado. Éstos son las barreras legales de entrada para operar en el mercado, una regulación muy restrictiva en relación a la conducta comercial de los notarios y una regulación muy detallada en cuanto a la forma en que deben proveerse los servicios, lo que impide la innovación y el uso de tecnologías modernas.

Tomando en cuenta estos impedimentos, en el informe se realiza un cálculo de las rentas monopólicas, que se cifran en torno a los US$ 25 millones; las ineficiencias productivas, que son de aproximadamente US$ 80 millones; y los costos indirectos que se derivan del funcionamiento actual de las notarías, situados entre US$ 33 millones y US$ 44 millones. Por tanto, a nivel agregado se podría ahorrar entre US$ 138 y US$ 149 millones al año, o entre 88% y 95% de los ingresos del sistema notarial.

Durante la realización de este Estudio, la FNE contó con la asistencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) respecto a verificar el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales sobre estudios de mercado.

Este mismo organismo, en el Economic Survey de Chile de febrero pasado, destacó el impacto positivo que podría tener el estudio de la FNE en la economía chilena. “En particular, las reformas de la profesión notarial y la reducción del uso de los procedimientos notariales podrían facilitar de manera significativa la carga administrativa para las empresas y los hogares”, consigna dicho documento.

Este es el segundo estudio de mercado que realiza la Fiscalía, luego de que en la última modificación legal realizada al Decreto Ley 211, se le confiriera la facultad de desarrollar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados y, en los casos que correspondiera, hacer recomendaciones sobre modificaciones normativas a la autoridad.

El primer estudio abordó el mercado de las Rentas Vitalicias y las recomendaciones fueron entregadas a los ministerios de Hacienda y Trabajo en marzo de 2018. Además, desde abril se encuentra en desarrollo un Estudio de Mercado sobre Medicamentos.


Las recomendaciones


Tras realizar el diagnóstico, la FNE propone al gobierno una serie de modificaciones:


1. Revisión de funciones notariales: como medida general, revisar el número de trámites y funciones asignados a los notarios.


2. Reforma estructural al sistema: modificar normas de entrada al mercado, permitiendo el libre ingreso y creación de notarías; modificar las reglas de conducta comercial de los notarios, entregando mayor libertad a los notarios para estructurar su negocio desde el punto de vista comercial, ajustar las reglas que regulan la forma en que debe proveerse el servicio, manteniendo a nivel legal solo funciones u objetivos dejando la definición de los medios para lograr dichos objetivos a regulación administrativa; estandarizar la forma de generar, almacenar y transmitir información, permitiendo mejor interconexión con, por ejemplo, los conservadores de bienes raíces; y reemplazar el actual fiscalizador por uno nuevo que tenga jurisdicción en todo el país.


3. Reformas para un periodo de adecuación: realizar los cambios propuestos en relación con la estructura regulatoria de las funciones notariales, con la estandarización de la forma en que se genera, almacena y transmite la información, y con la modificación del ente fiscalizador; la creación de una categoría “notarios certificadores” que se hagan cargo de las funciones primordialmente mecánicas bajo un esquema de mayor competencia; y mantener a los notarios públicos actuales proveyendo los servicios de mayor importancia pública, pero modificando sustancialmente la forma en que se eligen.