Ministro de Desarrollo Social: “hay una correlación muy estrecha entre pobreza por ingreso y mayor densidad de máquinas de juego”

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Alfredo moreno

La Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización continuó con las audiencias con el fin de escuchar las diversas posturas y la real situación respecto a los proyectos de ley refundidos sobre máquinas de juego y en la última sesión recibió al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quienes dieron luces de la proliferación de estas instalaciones y cuál es la regulación vigente.

La primera ponencia estuvo a cargo del personero de Gobierno, quien dio a conocer un estudio basado en lo realizado por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y que tiene un mapa de dónde se encuentran estas máquinas a lo largo de Chile.

“Lo que hicimos fue un cruce con los índices de vulnerabilidad y lo que muestran los datos es que hay una correlación muy estrecha entre pobreza por ingreso -no por pobreza muldimensional- y también con las tasas de delitos de alto impacto y la mayor presencia de estas máquinas, es decir, tienden a haber más maquinas en aquellos lugares donde hay más bajos ingresos y también en lugares que son más peligrosos”, detalló el jefe de la cartera.

En datos concretos, existen 2,5 máquinas de juego por cada mil habitantes, pero el 37% están concentradas en Santiago y el resto en Valparaíso, Biobío y Maule, en esta última zona es donde existe el mayor número con 5,8 máquinas que entregan premios en dinero por cada mil habitantes.

Entre las comunas se señaló que La Calera (14) y San Antonio (11,9) son las que tienen mayor cantidad de máquinas por cada mil habitantes.

Asimismo, se realizó un cruce por tasa de detención por delito con mayor connotación y “también pareciera tener correlación con eso (…)” Sin embargo, aclaró el Ministro que “esto son simplemente números estadísticos, no dicen nada respecto a la causalidad”.


Las dudas ante el proyecto


Luego, el contralor general, junto con el jefe de la División Jurídica, Camilo Mirosevic, dieron a conocer el marco normativo y lo que ha hecho la Contraloría.

Al respecto, el Contralor fue claro al manifestar que “a estas máquinas de juegos de azar, se las han llamado máquina de destreza como eufemismo y esto tiene relevancia jurídica, porque nos dice si estamos frente a una actividad lícita o no”.

Mirosevic, en tanto, aclaró que en el marco del otorgamiento de patente se debía revisar el catálogo de juego, “es decir la municipalidad se formaba la convicción y podría solicitar la opinión de la Superintendencia de Casinos, pero en la práctica quedaba en la municipalidad la responsabilidad y había diferencia de criterio”.

A partir de ahí, a fines de 2016, decimos que las municipalidades deben asegurarse que las máquinas NO sea de azar para otorgar la patente y si hay dudas se debe requerir un informe”

En concreto, el dictamen señala que “Regulariza y uniforma el procedimiento de otorgamiento de patentes municipales para la explotación de máquinas de juego, aplicable por las 345 municipalidades. La SCJ es el organismo técnico encargado de determinar el carácter de azar de las máquinas de juego. Garantiza la igual aplicación de la ley en el territorio desde el momento en que el órgano competente en la materia calificar las máquinas que se pretenden explotar. El dictamen solo rige para el futuro, y por ende no afecta patentes municipales ya otorgadas”

La Contraloría manifestó que ante los datos y los proyectos de ley refundidos en estudio, existen incoherencias que deben ser resueltas. “El proyecto parte del reconocimiento que las máquinas que hoy se explotan son de azar. Otorga una nueva facultad a las municipalidades. Crea un nuevo acto administrativo municipal, sin reglar el procedimiento para su dictación. Se traslada una facultad radicada en un organismo técnico a las entidades edilicias y se rompe el sistema de regulación de los juegos de azar”.

Asimismo, agregaron que “se confunde el concepto de licencias de funcionamiento con patente municipal. Se establecen múltiples regímenes regulatorios y no se establece si se trata de un permiso adicional al contemplado en la ley 1995 (…). No se indica qué autoridad certificará. No considera el número de requisito y condiciones para el emplazamiento de los establecimientos y no queda claro qué institución controlará el sistema en línea”.

Tras las manifestaciones, los legisladores reiteraron que pese a las falencias que se pueden arreglar del proyecto, “desde el punto de vista social esto es un drama y durante años el Estado ha dado vista gorda”. Añadieron, además, que se debe enfrentar como un tema de salud y pusieron como ejemplo a los cientos de adultos mayores en situación de pobreza que se “gastan el dinero del pan” en las máquinas de los barrios.

A juicio del senador Carlos Bianchi, “las dos presentaciones fueron muy robustas, que dan cuenta que efectivamente estamos frente a una situación que no se reguló, no se fiscalizó y que proliferó por todo el país. Hay una cantidad de máquinas, mal llamadas de destreza, que son de azar y han afectado directamente a los sectores más vulnerables de nuestro país”.

“El dictamen que ha puesto la Contraloría va a normar de aquí en adelante, pero para atrás, por lo que esta situación debiera ser supervigilada por los municipios”, declaró.