​Por qué el Juez de San Antonio no debía liberar a los traficantes de armas

|


FRANCISCO PINOCHET

El 28 de mayo pasado en el balneario El Tabo a las 21.00 Carabineros controló a un vehículo Mazda detectando que el auto tenía el parabrisas delantero polarizado, lo que la Ley de Tránsito prohíbe. Se le solicitó al conductor licencia de conducir –la cual estaba al día- y además su cédula de identidad al acompañante. La revisión de éstas últimas permitió verificar que el conductor y su acompañante no registraban órdenes de aprehensión pendientes. Sin embargo, acto seguido se pidió a los ocupantes del vehículo que abrieran el maletero de éste, donde se percataron que había “una maleta color negro de gran tamaño”, la cual contenía una importante cantidad de armas y municiones -dos revólveres, 1 pistola, 126 cartuchos de diverso calibre, y un kit convertidor de armas pequeñas en carabinas –para asemejar un fusil de asalto- además de un total de $ 4.152.000.- en efectivo.

Los sospechosos quedaron detenidos por el porte del armamento –constitutivo de delito flagrante, infracción a la Ley de Control de Armas- ya que algunas especies tenían encargo por robo. No cabe duda de que se podía presumir la existencia de un delito de tráfico de armas.

Luego pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Antonio y aquí se produjo algo inverosímil. El juez titular de ese tribunal, Juan Pablo Flores, declaró ilegal la detención de los dos sujetos, fundamentando su resolución en que “si bien puede ser causa para una fiscalización al amparo de la Ley de Tránsito, no podía implicar llevar más allá de ello las facultades policiales que conllevaran una limitación a los Derechos Fundamentales de los encartados, como ocurrió en este caso (…) Más aún cuando no se arguyó por parte de Carabineros alguna problemática en la documentación de los sujetos o el móvil, por cuanto el chofer sí tenía su documentación y no se observa cómo llegamos a revisar el portaequipajes y, más aún, registrar una maleta en su interior”.

Dicho esto, el magistrado liberó a los detenidos, pero además les recomendó volver a la formalización fijada para el 19 de junio, porque “si vienen caminando lo más probable es que al final del día puedan ser absueltos”, lo que, evidencia “un acto de prejuzgamiento a los imputados que claramente demuestra una falta de imparcialidad hacia Fiscalía al cuestionar su procedimiento”.

Conocidos los hechos a través de la prensa, surgieron obviamente las críticas a la conducta del magistrado. Pero curiosamente, también los comentarios de quienes apoyaban el proceder del magistrado cuestionando el actuar policial. Erradamente sostienen por algunos abogados penalistas que “si se trata de una acción dentro del nuevo control de identidad, este no permite nada, porque considera solo la verificación de identidad” o que “para allanar a una persona se tiene que dar requisitos la existencia de una orden judicial previa o que existan indicios sobre que el detenido cometió un delito o que está próximo a cometerlo, de forma tal que si no se verifica ninguno de esos dos requisitos, y la persona es allanada y se le descubren drogas, ramas ilegales o evidencia de cualquier delito, el allanamiento debe ser declarado ilegal”, siendo entonces correcto el procedimiento del juez.

Hay variadas razones para sostener la ilegalidad del proceder del juez y la falta de fundamento de quienes lo apoyan.

En primer lugar, el artículo 132, inciso 4° del Código Procesal Penal, señala textualmente que “la declaración de ilegalidad de la detención no impedirá que el fiscal o el abogado asistente del fiscal pueda formalizar la investigación y solicitar las medidas cautelares que sean procedentes”.

Por tanto, el juez, sin perjuicio de decretar la ilegalidad de la detención, debió realizar la formalización de los detenidos y decretar su prisión preventiva.

En seguida, las normas sobre control de identidad confieren esta facultad expresamente a los funcionarios policiales en el artículo 85 del CPP, quiénes pueden “sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que exista algún indicio de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo” (inciso 1) agregando la disposición que “durante este procedimiento, sin necesidad de nuevo indicio, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren afectarle”….. (inciso 2)

Nos hemos permitido citar textualmente estas normas para que el lector no tenga ninguna duda de la grave negligencia cometida por el juez.

El Ministro del Interior interpuso un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la resolución del juez, el cual debiera ser acogido ya que no cabe duda que existió falta o abuso grave en su dictación.


Francisco Pinochet Cantwell

Profesor de Derecho

Universidad Católica de Chile