​¿Es Delito Otorgar Facturas Ideológicamente Falsas para Recaudar Dinero para Campañas Políticas?

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FRANCISCO PINOCHET

Con gran alarde el fiscal Carlos Gajardo presentó su renuncia al Ministerio Público aduciendo que no estaba de acuerdo con la suspensión condicional del procedimiento para el senador UDI, Iván Moreira, en la arista principal del caso Penta.

El motivo de la renuncia es poco creíble porque ya está muy claro que el otorgamiento de boletas y facturas y ideológicamente falsas para recaudar dinero para campañas políticas, no es constitutivo de delito

Empecemos por precisar que nos estamos refiriendo a aquellos dineros recaudados exclusivamente para las campañas políticas. Si se trata de dinero recaudado lejos en el tiempo de los períodos electorales, hay presunción fundada de que se podría tratar de un cohecho.

Enseguida, se debe precisar que se trata sólo de boletas emitidas por terceros o en algunos casos por los políticos mismos por servicios que no han sido prestados a la empresa que emite el pago. En esto consiste la falsedad, es decir, tiene un carácter ideológico, siendo materialmente verdadera la boleta o factura emitida.

El objeto exacto entonces del pago ha sido ayudar al financiamiento de una campaña política. De no haber tal necesidad se puede constatar que la boleta o factura no habría sido emitida y el dinero para su pago no habría salido de la empresa.

Objetivo secundario en la solicitud de la boleta o factura ha sido el poder utilizarla como gasto necesario de la empresa para así rebajar la base imponible del impuesto a la renta. Esto claro, si es que la empresa no ha tenido pérdidas y además desea elevar sus gastos y disminuir las utilidades demostrables frente a terceros como el sistema financiero, al cual obviamente le interesa una empresa con la mayor rentabilidad posible.

Hechas estas precisiones, resulta necesario entonces recordar cuál es el objetivo de la política de recaudación tributaria en cualquier país, toda vez que el delito que estamos analizando está contemplado dentro de la Ley de la Renta y no dentro del Código Penal. Se trata en consecuencia de un delito que ha sido considerado también por el legislador al momento de establecer su política de recaudación tributaria.

El objetivo es recaudar la mayor cantidad dinero posible. Con tal objeto se reserva el ejercicio de la acción penal al Servicio de Impuestos Internos, hecho que no puede pasar desapercibido para nadie, porque la regla general es que en materia de cualquier delito la acción penal pública la tiene el Ministerio Público y no el SII aun cuando pudieran estar ante casos considerados tan graves como los de PENTA y SOQUIMICH.

Esto significa que la acción penal está reservada en forma estricta al SII, para aquellos casos en que los hechos configuran delitos penales por tratarse ilícitos de la Ley de la Renta que revisten el carácter de tales y no de simples infracciones tributarias.

Es decir, el objetivo principal de una política tributaria debe ser recaudar impuestos y luego perseguir criminalmente.

Probablemente un buen ejemplo de esto sea el uso de pérdidas provenientes de adquisición de empresas con pérdidas tributarias y que, después de un tiempo, provocó algo similar a lo que ocurrió con el estallido del caso facturas para financiamiento de campañas políticas. Ante las multas que comenzó a cursar el SII cientos de empresas, que tenían situaciones similares, concurrir al Servicio Impuestos Internos para rectificar sus declaraciones de impuestos ya fuera para devolver los tributos que habían obtenido en algunos casos, o simplemente eliminar la pérdida. El efecto fue extremadamente práctico, ya que se recaudaron miles de millones de pesos.

Esto es lejos más eficiente que querellarse en contra de cientos de empresas. Probablemente se estaría todavía discutiendo la mayor parte de esos casos ante tribunales penales. De ahí entonces las ventajas de cómo este sistema funciona en Chile –al igual que en otros países- en que el ejercicio de la acción penal es una prerrogativa del Servicio de Impuestos Internos, siendo una la utilización de esta acción, una facultad privativa de éste.


Francisco Pinochet Cantwell

Profesor Derecho Universidad Católica de Chile