Gobierno anuncia proyecto de ley que fija en 60 días de plazo máximo para pagar a Pymes

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El presidente Sebastián Piñera y los ministros de Economía, José Ramón Valente y Hacienda, Felipe Larraín, anunciaron este miércoles el proyecto de ley “Pago Oportuno” que establece plazos límites para que las Pymes reciban los pagos por sus servicios prestados o productos vendidos a las grandes empresas del país.


Específicamente, se determina un plazo de 60 días para el pago de facturas a los proveedores (Pymes), generando multas e interés en el caso de mantener deudas después de este límite.


De esta forma, se busca incentivar el pago y así mantener en buen estado las finanzas de las empresas más pequeñas; mejorando las relaciones también en el sector.


Lo anterior es válido para todo el mundo privado, mientras que el sector público funcionará todavía con el programa Chile Paga, el cual será relanzado (inciado en 2011) y que establece un límite de 30 días para pagar a Pymes.


Según se dió a conocer el proyecto Pago Oportuno busca:


1.Establecer la Obligación de la emisión electrónica de la guía de despacho.

2. Limitación al cambio del valor original de la factura, una vez aceptada por parte del comprador. Después de 8 días de aceptada la factura, no se van a aceptar notas de crédito y se buscarán otros mecanismos si hay que hacer compensaciones. Esto dará certeza en el plazo y monto de la factura.

3. A partir del día convenido, y no más de 60 días máximo la factura devengará intereses y se incorporará en la deuda de la empresa.

4. El uso del IVA crédito fiscal sólo será posible después del pago de la factura.

5. Se generará información pública sobre el comportamiento de pago de empresas, de forma de que aquellas que pagan en forma oportuna se vean reconocidas por la ciudadanía.

6. Se modificarán las condiciones para la entrega del sello ProPyme.


En tanto, se informó que la iniciativa se encuentra en segundo trámite legislativo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que de ser aprobada implicaría un alivio financiero de US$80 millones para las pequeñas y medianas empresas.