​Objeción de conciencia: Gobierno discrepa pero acata dictamen de Contraloría y prepara reglamento

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Palacio de La Moneda web


La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, mediante una declaración pública del Gobierno para referirse al dictamen de la Contraloría que declaró como ilegal el protocolo de objeción de conciencia dictado por el ministerio de Salud en el marco de la Ley de Aborto en tres causales.


“Como Gobierno no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de Derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen”, señaló Pérez.


Luego, se refirió a lo establecido por Contraloría, que resolvió que la materia deberá regularse a través de un reglamento y no de un protocolo, cumpliendo con otros requisitos constitucionales y legales, entre ellos un control previo de legalidad a cargo del organismo.


“El protocolo que dictó este gobierno y también el que dictó el gobierno anterior, se fundaron en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo, la Contraloría, con todo, ha señalado que esta materia debe ser regulada no por protocolo sino que por la vía de Reglamento”, argumentó.


“Así mismo, en cuanto al fondo de la decisión, nuestra posición se fundó en la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció tanto la objeción de conciencia personal como la institucional. Nuestro protocolo buscaba compatibilizar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia con la protección de los derechos de las mujeres que requieren el acceso a prestaciones del sistema de salud”, aseguró la vocera.


Finalmente, la ministra de Estado anunció que “a la brevedad” prepararán un reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la contraloría General de la República.


Las razones entregadas por el órgano fiscalizador, en relación a la objeción institucional, son que los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud.


El organismo liderado por Jorge Bermúdez agregó que las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y que forman parte de la red pública de salud.


“…Aquella no puede acogerse a la objeción de conciencia institucional en tanto se encuentre vigente la respectiva convención, pues si bien se trata de una entidad de carácter privado, tiene el deber de dar cumplimiento a una función pública -a la que voluntariamente se ha comprometido- y para cuyos efectos le han sido entregados recursos públicos”, precisa el dictamen.


La resolución firmada por Bermúdez, asegura que el protocolo en cuestión “contiene algunos elementos que desatienden la condición de excepcionalidad de la objeción de conciencia”. Característica inherente al mecanismo, ya que “es establecido para justificar que determinadas personas puedan dejar de cumplir una obligación legal”.


Cabe recordar que este pronunciamiento de legalidad fue requerido por un grupo de parlamentarios que criticaban el protocolo evacuado bajo el liderazgo del ministro Emilio Santelices, por considerar que la autoridad incurrió en una serie de irregularidades en su dictación, afectado el sentido de la Ley de Aborto en Tres Causales y anulando el reglamento previo, ambos aprobados bajo la administración anterior.


Ante esta decisión, parlamentarios han planteado la posibilidad de generar un nuevo protocolo o bien de retomar la vigencia del anterior. Sin embargo, el dictamen de Contraloría es claro en afirmar que ambos protocolos no se ajustaron a derecho debido a que excedieron la competencia meramente operativa que les entrega la ley que los origina, constituyéndose como verdaderos reglamentos que no cumplieron las formalidades constitucionales y que no fueron sometidos al control previo de legalidad que efectúa el organismo.