​Académico advierte que estadísticas de delitos deben ser administradas por entidades externas a Carabineros

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UDESANTIAGO JORGE ARAYA

El Gobierno lanzó la semana pasada el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), una plataforma que permitirá transparentar las cifras delictuales de cada comuna a través de la página web de Carabineros. Esto posibilitará que se realicen reuniones cada 30 días, donde el comisario de cada unidad policial y representantes del municipio, la gobernación y la intendencia puedan evaluar el trabajo de la institución.


El especialista en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, reconoce que la iniciativa impulsada por el Gobierno va en la línea correcta, ya que considera que una de las debilidades del trabajo policial se encuentra en su poca efectividad para hacer seguimiento de los delitos. Sin embargo, estima que esta plataforma no puede ser administrada solo por Carabineros.


“Podría haber un incentivo perverso para que Carabineros desestime denuncias o no las impulse para no aparecer con aumentos delictuales”, explica. “Más que el diseño, lo importante es ver cómo va a operar esto y qué control civil tendrá el sistema, si esto está solo en manos de Carabineros no dará los resultados esperados”, insiste.


El especialista señala que, aun cuando se establezcan sanciones para quienes adulteren datos, se deben reducir los márgenes de discrecionalidad en la administración de estas cifras, ya que puede terminar generándose una política organizacional al interior de la institución policial que termine complicando el trámite de realizar denuncias a las víctimas, con el único objetivo de que el trabajo de la unidad sea mejor evaluado.


“En todas partes del mundo, la denuncia es un tema controvertido, porque sabemos que esta se ocupa como indicador del delito, pero solo reporta una parte menor de la cantidad de crímenes que efectivamente ocurren, porque la denuncia es un acto voluntario de la víctima. Si la víctima no tiene confianza en el sistema o tiene miedo, no hace la denuncia”, afirma.


Finalmente, Araya estima que el control civil debiera efectuarse a través de un chequeo de la victimización y contrastarla con las cifras de denuncia. “Si no hay coherencia entre estos números, es porque el sistema no está funcionando bien”, concluye.