​Frenazo al alcalde Jadue en su nueva ofensiva en el caso parquímetros de Recoleta

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FRANCISCO PINOCHET

La batalla legal que existe en la comuna de Recoleta, entre la empresa que obtuvo la licitación para prestar el servicio de estacionamientos por parquímetros en las calles y construcción de estacionamientos subterráneos en la misma, tiene ya una larga historia y un sinnúmero de rounds judiciales, protagonizados entre esa concesionaria y la Municipalidad, liderada por el alcalde Jadue.


El último episodio que apareció en todas las pantallas de televisión, se refería al permanente llamado del alcalde a los automovilistas a no pagar por los estacionamientos con parquímetros y que cobran a estos usuarios, como es obvio, los empleados de la concesionaria. Estas incitaciones a no pagar –en desprecio de la legalidad vigente- fueron objeto de sendas imágenes televisivas, cubiertas por los principales matinales de noticias del país –noticias que siempre omiten señalar que una parte de la recaudación va a arcas municipales.


Sin embargo, en forma súbita el Alcalde cesó en estas declaraciones sin mayor explicación. La causa de esto se debe al hecho de que el edil estaba pasando por alto una medida cautelar decretada por un juzgado civil, la cual ordenaba paralizar los efectos del acuerdo del Consejo Municipal que había puesto término al contrato de la concesionaria. Dicha orden fue seguida de una posterior orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en un recurso deducido en ese mismo proceso civil.


Atada de manos como estaba, la municipalidad recurrió a una nueva estrategia. Esta vez decidió negarle la patente municipal a la sociedad concesionaria, aduciendo diversas razones. Estas infringían el contrato de concesión de estacionamientos el cual señala en forma expresa que el pago de la patente municipal es de cargo de la municipalidad, debiendo ser deducida del precio que paga mensualmente dicha empresa a ese ente por la concesión.


En medio de este nuevo debate legal, el alcalde mandó detener a los empleados encargados del cobro de los parquímetros, recurriendo al uso de la fuerza pública, acusándolos de comercio ilegal, en circunstancias que entre la empresa concesionaria y la municipalidad aún se están discutiendo -en diversos litigios- los efectos del término del contrato dado sin orden judicial previa, en circunstancias que una sentencia así lo había dispuesto. Además, la empresa acreditó el pago de la patente en la comuna de Providencia, donde están sus oficinas centrales, incluyendo el pago que hacen a sus sucursales –Recoleta, según el mecanismo que la propia Ley de Rentas y Patentes municipales contempla.


Los trabajadores que operan los parquímetros en la calle comenzaron a ser detenidos y se les incautaban sus equipos. Luego, eran puestos en libertad en forma casi inmediata –debido a la ilegalidad de la detención. Los “parquimetreros” en forma muy valiente, y conscientes además de la posibilidad de perder su trabajo, recurrieron de protección en contra del alcalde.


En este escenario, llama la atención por qué, siendo tales arrestos ilegales, la concesionaria no haya deducido recurso de habeas Corpus en contra del Alcalde.


Ante la persistencia de la actitud de los empleados de la concesionaria, el alcalde recurrió nuevamente a la autotutela. Esta vez ordenó arrancar la señalética -instalada por la concesionaria- que indica las calles en las cuales procede el cobro, los horarios y las tarifas, elementos necesarios para que los usuarios sepan que deben por el uso del estacionamiento en las calles.


Reiteramos que no existía orden judicial alguna que avale dicha conducta.


En este contexto la concesionaria dedujo un recurso de protección, sosteniendo que para actuar válidamente la ley exige a las municipalidades –y a cualquier entidad pública– contar con habilitación previa o autorización para ello. Es decir, no cabe actuación sin previa habilitación y mucho menos cabe auto empoderamiento de potestades. La administración solo puede realizar aquello que le esté expresamente permitido.


La Ley Sobre Rentas Municipales atribuye exclusivamente a los Juzgados de Policía Local la competencia y atribuciones para conocer y resolver de las denuncias contempladas en ese cuerpo legal, y velar por el cumplimiento de las sanciones impuestas. Además, se regulan las sanciones aplicables a las contravenciones establecidas en la norma. Para la infracción que alega el municipio–la ausencia de patente municipal– el artículo 56 sólo establece como sanción la aplicación de una multa cuya cuantía no podrá exceder de 3 U.T.M. y nada más.


De esta forma el principio de legalidad ha sido vulnerado desde distintas aristas.


En primer lugar, porque la entidad no ha actuado previa habilitación y sus actos constituyen un burdo ejemplo de que ha procedido fuera de sus atribuciones legales, pasando por alto el mandato entregado a los Jueces de Policía Local. Por otro lado, en abuso de sus facultades exorbitantes, se “invistió” de legislador y creó una nueva sanción frente a las contravenciones señaladas en la norma: el retiro forzado y violento de elementos de trabajo del pretendido infractor –señalética–, y una suerte de comiso de los mismos.


Con estos argumentos, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección a tramitación y decretó una orden de innovar que impide al Alcalde continuar arrancando la señalética.


Falta esperar qué más acontecerá en el caso, pero es lógico suponer que esa Corte no permitirá que un municipio usurpe atribuciones que son propias de los tribunales de justicia.


Francisco Pinochet Cantwell

Profesor Derecho Universidad Católica de Chile