​TC anula el polémico artículo antilucro de la Ley de Educación Superior porque vulnera "la libertad de enseñanza"

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En un fallo de 136 páginas, el Tribunal Constitucional entregó los argumentos sobre el control de legalidad que hizo del proyecto de Educación Superior y el rechazo del artículo 63 que buscaba prohibir la existencia de controladores con fines de lucro en las universidades.


El texto sostiene que impedir sólo a las personas jurídicas con fines de lucro ser controladoras de instituciones de educación superior es discriminatorio y arbitrario, ya que ésto no se aplica para las personas naturales que también persigan fines de lucro y quieran ser controladores de una universidad.


Además, el fallo establece que el artículo 63 no guarda conexión con las normas generales que rigen a las corporaciones y entidades sin fines de lucro, las cuales no contemplan dicha prohibición, sino que resguardan que no tengan por objetivo generar ganancias o utilidades para sus miembros.


Para el vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle, el rechazo de esta norma tendrá efectos gravísimos para el sistema, como por ejemplo, que los dineros que el Estado entrega para la gratuidad, vayan a parar a instituciones cuyos controladores pueden lucrar, según reporte de Radio Bio Bío


Pese a lo sostenido por el organismo, lo cierto es que en la actualidad existen antecedentes que dan cuenta cómo un controlador, como es el grupo Laureate, ha hecho millonarios retiros desde sus universidades por medio de la venta de servicios educacionales.


A una semana de que estos documentos fueran publicados por Radio Bío Bío, el ministro de Educación, Gerardo Varela, se refirió a ellos y aseguró que la información que ha sido publicada por los medios es parcial.


Dichos reportes, elaborados por el propio Ministerio de Educación, dejan en evidencia el mecanismo que usa el grupo Laureate para lucrar por medio de la Universidad Andrés Bello, de Las Américas y de Viña del Mar, a través de la venta de servicios educacionales.