La Ausencia del Derecho a Réplica en los Medios de Prensa Digitales

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FRANCISCO PINOCHET

Francisco Pinochet Cantwell

Profesor Derecho Universidad Católica de Chile




El derecho a réplica o de rectificación es la facultad de cualquier persona, que se sienta ofendida o injustamente aludida a través de un medio de comunicación, de que su aclaración o rectificación sea difundida por el mismo medio, en los términos que la ley establece.


Está consagrado en la Constitución Política artículo 19 N° 12, inciso 3 y en la Ley 19.733 sobre “Libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo”. Pueden invocarlo tanto personas naturales como personas jurídicas en protección de su derecho a la honra y el derecho a la propia imagen.


Este derecho no opera en las “apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados” de artes, deporte, política y otros ámbitos, por lo que excluye la posibilidad de rectificar opiniones.


La forma de ejercer este derecho en un medio escrito se realiza a través de una declaración preparada por el propio interesado, la cual no puede superar las mil palabras. Si se trata de un medio audiovisual, no puede durar más de dos minutos.


En diarios y revistas debe publicarse en la misma página o sección donde se originó la información; en radio o televisión, en el mismo programa y horario.


Sin embargo, en la era del periodismo digital y de los medios de comunicación social en Internet, la ley no ha previsto como ejercer el derecho de réplica. Lo lógico es incorporar la rectificación en la misma publicación -lo que resulta posible a través de la llamada “edición en línea”- o generar un nuevo espacio en los sitios web de los medios digitales, que permitiera una visibilidad adecuada. Sin embargo existe un vacío legal en la materia.


Incluso un proyecto de ley de medios de comunicación digital, que pretendía dar certeza al funcionamiento de estos medios, omitió la regulación de este derecho. Dicho sea de paso, este proyecto fue injusta y erróneamente criticado por algunas personas y ONGs al atribuírsele que haría extensiva la aplicación de la ley a una publicación en Facebook, en blogs, páginas web o twitter, si es que realizaban posteos o comentarios cuatro veces a la semana, imputación que resultaba totalmente infundada.


En este contexto, el “derecho al olvido” en Internet que reconoció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 2014 en el caso Google, constituye un paliativo importante para la protección a la vida privada y la honra de las personas. Ahora resulta posible la eliminación de los resultados de búsqueda que enlazan a sitios web conteniendo informaciones consideradas inexactas o irrelevantes por los afectados. Sin embargo, este fallo sólo se aplica en los países de ese continente por lo que en Chile sólo puede ser aplicado por orden de los tribunales de justicia, normalmente a través del recurso de protección.


Afortunadamente, la Corte Suprema ha acogido esta acción ordenando aplicar el “derecho al olvido” en diversos casos, en los que ha ordenado eliminar de los soportes digitales de medios de comunicación diversas noticias.


Sin embargo, llegar a los tribunales de justicia para un ciudadano promedio es sin duda engorroso y caro. Es que en nuestro país no tenemos un organismo o agencia que esté encargado de velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos –contenida en la vergonzosa Ley 19.628 de “Protección de la vida privada de las personas”- por parte de los responsables de bases de datos (entidades públicas, empresas privadas, asociaciones, etc.) y controlar su aplicación a fin de garantizar el cumplimiento de esta normativa.


Además de esto, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley para instaurar el “derecho al olvido”, que obliga a que los buscadores de Internet eliminen información equivocada, innecesaria o perjudicial sobre los ciudadanos afectando el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.


Este proyecto aún no ve la luz y de ser aprobado adolece de dos graves defectos. Omite crear una agencia encargada de velar por la protección de datos y deja sin regulación expresa el derecho rectificación en medios de prensa digitales.