​El Derecho al Olvido en Internet. El Caso del General Hermes Soto

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FRANCISCO PINOCHET

El derecho al olvido se está convirtiendo en una nueva forma de protección a la vida privada de las personas. Este nuevo derecho consiste en la facultad de pedir la eliminación de datos personales desde cualquier base de datos por considerarlos obsoletos, descontextualizados o lesivos de otros derechos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia pronunciada el año 2014 en el célebre caso “Costeja, Mario con Google Spain”, estableció el llamado derecho al olvido en Internet como forma de protección a la vida privada y la honra de las personas. El fallo causó revuelo ya que ordenó la eliminación de los resultados de búsqueda que enlazan a sitios web que contenían los datos personales del Sr. Costeja, los cuales estaba referidos a una antigua información de carácter financiero, sin ninguna relevancia para continuar apareciendo en Internet.


De esta forma, se abrió la puerta para que cientos de miles de personas, por las más disímiles razones, soliciten la eliminación de sus nombres de la web.


En efecto, en la era de Internet nuevos problemas afectan la privacidad e intimidad de las personas. La información acumulada en la red durante años -no sólo por sí mismas, si no por terceros- pueden perseguirlas como una pesadilla durante toda su vida, ya que dicha información puede afectar su honor, intimidad o imagen. Incluso en el ámbito laboral, se producen problemas. Está demostrado que muchas empresas utilizan algún buscador con el nombre de los postulantes a empleos pudiendo aparecer un “destemplado” o inapropiado comentario o imagen antigua que lo perjudicara.


En Europa, donde la protección de datos personales tiene rango de derecho fundamental, la necesidad de buscar una solución a estas dificultades fue escalando progresivamente hasta lograr una respuesta como lo fue el fallo del caso de Google Spain.


Se citan como antecedentes previos del derecho al olvido otros similares, pero que tienen una importante diferencia respecto de cómo eliminar el dato cuando corresponde.


Por ejemplo, en Francia, la ley reconoce le droit à l’oubli, por el cual una persona, luego de cumplida su condena, tiene derecho a eliminar la difusión de su encarcelamiento. El Reino Unido tiene una legislación similar llamada “Rehabilitation of Offenders Act”.


En el cine, el derecho al olvido ha existido desde siempre. Todos conocemos la leyenda que dice: “Esta historia es real, sin embargo, algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los inocentes”.


Y en prácticamente todos los países que tienen legislación de protección de datos, es decir, de protección a la vida privada de las personas, los servicios que venden información de carácter financiera, tienen limitaciones en cuanto al tiempo por el cual pueden mantener los historiales de las personas, de tal forma que a pesar de sus deudas pasadas siempre pueda existir una rehabilitación que les permita iniciarse nuevamente en la vida comercial.


Inicialmente, Google se mostró muy descontento con el fallo argumentando que se atentaba contra la libertad y se promovía la censura.


No cabe duda que la sentencia pone en tensión dos derechos como lo son la libertad de información en Internet, por una parte, y el debido resguardo de los datos personales, por otra, ya que podría estimarse que el “derecho al olvido” sea una forma de censura previa.


Sin embargo, la particularidad de este nuevo derecho al olvido es que actúa sobre los buscadores, específicamente sobre los nombres de las personas y no sobre las fuentes.


En conclusión, el fallo significa un avance en los derechos de las personas, sin lesionar la libertad de información, ya que la fuente original donde se publicó la información, como un sitio o medio de comunicación digital, no se verá afectada. La eliminación de los datos se produce sólo de los buscadores como Google, Bing o Yahoo.


Nuestra Corte Suprema ya ha pronunciado diversas sentencias acogiendo el derecho al olvido en diversos casos en que la libertad de información debía atenuarse en beneficio del derecho al honor, intimidad o imagen de las personas.


El caso del nuevo General Director de Carabineros, Hermes Soto, quien fue acusado por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, con el odio que caracteriza a ese partido, de haber sido sancionado con arresto por haber asistido a un prostíbulo en el año 1985, es decir hace más de 33 años”. Soto admitió el hecho, pero señaló que tenía 21 años de vida, cuando era subteniente y estaba iniciando su carrera. Se está investigando cómo se produjo la filtración de la hoja de vida del nuevo general director desde el Departamento de Personal.


Ese documento, si bien no es electrónico, también constituye una base de datos, pero en soporte papel, de alta confidencialidad y resulta lógico preguntarse si el General Soto tenía derecho al olvido. Esta información que dañó su imagen y sin duda afectó a su familia, está además hoy en Internet.


¿Tenía derecho al olvido el uniformado?

Esta es la pregunta sobre la cual debemos reflexionar.


Francisco Pinochet Cantwell

Profesor Derecho Universidad Católica de Chile