​La Reforma a la Justicia Civil y Comercial. Un Desafío para el Presidente Piñera

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FRANCISCO PINOCHET

Recién electo, el nuevo Presidente de la Excma. Corte Suprema don Haroldo Brito, señaló que se hacía necesario reemprender el proceso de redacción del nuevo código procesal civil y comercial “en el que estén privilegiadas las mayores capacidades de los adversarios dentro del proceso, la oralidad en lo civil es posible y beneficiosa. La mayor prontitud y participación de las partes dentro del proceso oral es una muy buena condición”. Se trata de uno de los importantes desafíos para el Presidente Piñera, el cual está pendiente desde su anterior Gobierno, en el cual hubo avances sustanciales, quedando detenido a inicios del gobierno saliente.


Dos fueron las principales razones de la paralización de esta reforma.


La primera fue que se requería el proyecto de ley que contenía la parte orgánica de esa reforma, es decir la regulación de los juzgados civiles y comerciales y las atribuciones y deberes de sus jueces. Esto motivó que después de su aprobación en la Cámara de Diputados, quedara detenido en el primer trámite ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.


La segunda causa es conocida por todos. El gobierno de Bachelet dedicó sus esfuerzos en imponer sendas reformas al sistema tributario -como es obvio, subiendo los impuestos- a la educación –intentando una suerte de nacionalización de la educación-, a la legislación laboral –imponiendo mayor rigidez aún al mercado laboral- y a diversas otras materias, todo lo cual produjo el enfriamiento de nuestra economía que los electores, el pasado 18 de diciembre, demostraron que era necesario evitar que se siguiera perpetuando.


La principal característica de los nuevos tribunales civiles y comerciales es que su procedimiento estará estructurado en base a los principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad, que son los mismos que han inspirado las últimas reformas procesales en nuestro país en materia penal, del trabajo, y de familia, respectivamente.


A estas alturas resulta claro que los ciudadanos –que son a la vez contribuyentes- necesitan solucionar de manera rápida y eficaz los conflictos que afectan su patrimonio, sus negocios. Sin embargo, estos se encuentran en una desigualdad de condiciones respecto de aquellos que recurren a los otros sistemas procesales ya que no cuentan con las mismas reglas en la resolución de sus conflictos. Además, la justicia arbitral, alternativa de la anterior, no siempre está al alcance para una pyme.


Otro tema importante de la reforma, es que los futuros juzgados civiles y comerciales deben contemplar la creación de órganos jurisdiccionales especializados en el conocimiento y tramitación de los juicios ejecutivos y de cobranza general, que hoy saturan los juzgados civiles. Debe haber un juez especialmente dedicado a estas labores, ya sea en nuevos tribunales especializados en cobranza o en unidades al interior de los futuros juzgados, todo esto con el objeto de permitir que los jueces de estos puedan ejercer sus labores sin estar sobrepasados con el elevado número de causas que los juicios ejecutivos imponen.


La reforma no requiere grandes ajustes al procedimiento actual seguido en materia de juicios ejecutivos de cobro de obligaciones de dar, (pagarés, letras de cambio y cheques) de hacer, y de no hacer. Estos juicios, en términos generales, resguardan los derechos de acreedores y de ejecutados. Por supuesto, siempre hay necesarias correcciones que realizar.


Recordemos que bancos, instituciones financieras, empresas del retail, y acreedores en general, son también contribuyentes y deben poder recuperar sus acreencias ante órganos jurisdiccionales que cuenten con procedimientos rápidos y transparentes.


Afortunadamente, se dejó de lado la idea de sustituir a los tribunales que conocerán de estas causas, por el llamado oficial de ejecución, inspirado en el “Huissier de Justice”, que existe en diversos países europeos –como Francia, Bélgica, Luxemburgo, entre otros- pero que resulta del todo desaconsejable para nuestro país por distintas razones que resultan largas de enumerar. Sin embargo, las podemos sintetizar diciendo que ante la gravedad que supone un procedimiento de ejecución, el cual culminará con el remate en pública subasta o al martillo de los bienes de los ejecutados, debe ser un juez quien garantice el debido proceso para tal manifestación del ejercicio de la fuerza de que está investido un tribunal, particularmente ante el elevado nivel de endeudamiento financiero que tienen los ciudadanos en nuestro país.


Entre las correcciones necesarias que se deben tomar, no podemos dejar de llamar la atención sobre los problemas que se están produciendo actualmente en las subastas de bienes raíces que se realizan en los juzgados civiles, donde existen grupos organizados y coludidos de postores, que se reparten entre ellos los remates a efecto de controlar los precios. Con este actuar, impiden la libre puja en pública subasta, que garantiza la transparencia y el resguardo de acreedores y deudores al obtenerse el mayor precio posible de venta.


Así es como funciona esta colusión. Los postores se van poniendo de acuerdo diariamente en adjudicarse cada uno de ellos una propiedad en un tribunal, al cual deben asistir los demás miembros de esta asociación ilícita, haciendo posturas para que el juez crea que realmente hay un proceso de pública subasta, siendo en definitiva la propiedad adjudicada a quien anticipadamente fue escogido entre ellos mismos.


Naturalmente, esto es un grave atentado contra la transparencia en el mercado de las públicas subastas, produciendo perjuicios a deudores y acreedores y alterando esta parte del orden público económico de nuestro país.


Los jueces no tienen herramientas para controlar esta situación.


Francisco Pinochet Cantwell

Profesor de Derecho

Pontificia Universidad Católica de Chile