​Fin del carbón: Imperativo ético-político

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Sara Larrain R1SEMANA


La semana pasada el gobierno y la Asociación de Generadoras en representación de Endesa, Colbún, Engie y AES Gener, propietarias de las centrales a carbón que hoy operan en Chile, firmaron un Acuerdo, en el cual las generadoras se comprometen a no construir nuevas termoeléctricas a carbón (sin captura) y el gobierno compromete establecer un grupo de trabajo para realizar un cronograma consensuado de cierre de las 28 carboneras actualmente en operación y una en construcción.



Este acuerdo es, sin duda, un hito importante para la transición de nuestra sucia matriz eléctrica: 67% de generación en base a combustibles fósiles en 2016 y 44% de ello a carbón. Actualmente quince de las carboneras son propiedad de la norteamericana AES Gener (52%), ocho de la francesa Engie (28%); tres de la italiana Enel (10%) y una de la chilena Colbún (3%), además de las dos unidades de uso industrial de Petropower y CGI respectivamente. Estas unidades de generación significan más de 80% de las emisiones de CO2 de nuestra matriz eléctrica y la mayor parte de los contaminantes locales. Una investigación reciente muestra que al año 2037 la emisión de las carboneras se perpetuará, significando 91% de las emisiones totales de CO2 de todo el parque eléctrico nacional, 88% de las emisiones de material no particulado, 97% de las emisiones de material particulado; 97% de los óxidos de azufre; y 91% de los óxidos de nitrógeno.



Si la sociedad chilena logra el cierre de estas fuentes de contaminación, el país podría exhibir una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, pero además el país evitaría los enormes costos socio-ambientales que generan estas instalaciones industriales en los 5 municipios donde se localizan: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel, todos áreas saturadas y con planes de descontaminación (salvo el de Puchuncaví recién rechazado por Contraloría).



La publicación más sólida sobre el impacto de las carboneras en la salud (hospitalizaciones y muertes) fue dada a conocer en 2016 por un grupo de investigadores de la Universidad de Chile, liderados por el doctor Pablo Ruiz, de la Facultad de Medicina. El equipo analizó impactos de grandes industrias en poblaciones locales entre los años 2000 y 2010, y reveló que en zonas cercanas a termoeléctricas la prevalencia de mortandad por cáncer de pulmón aumentó en un 90%, por otros cáncer se elevó en un 70% y por problemas cardiovasculares o respiratorios un 30 %. En estos casos, los más afectados siempre fueron niños y niñas, embarazadas y adultos mayores.



Similares impactos encontró la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) en las publicaciones internacionales sobre los impactos de las carboneras en los niños y niñas menores de 18 años. Específicamente se documenta que cuando las mujeres embarazadas están expuestas a estas emisiones, se producen nacimientos prematuros y los niños muestran con bajo peso, menor estatura y menor diámetro del cráneo. Además se constata que al crecer los niños presentan menor desarrollo cognitivo y cuociente intelectual, problemas pulmonares y patologías como asma y pulmonía crónica, además de un aumento en los síntomas de autismo debido a la contaminación por mercurio.


Por todas estas razones humanitarias, además del desafío de reducir el cambio climático, cerrar las termoeléctricas a carbón constituye el mayor imperativo ético/político a fines del Gobierno Bachelet, que constituirá un grupo de trabajo para establecer los plazos del fin del carbón. Esperamos que este imperativo sea asumido con la prioridad y urgencia que requiere, por el gobierno del Presidente Piñera.


Sara Larraín

Chile Sustentable