Patricio Herman

​Bonito desafío para el alcalde Felipe Alessandri

Le decíamos también que si ello no ocurría su municipio cometía desacato y que para evitarlo, su obligación como máxima autoridad municipal era trasladar los antecedentes al Ministerio Público para que el fiscal correspondiente investigara los comportamientos de los agentes públicos y actores privados relacionados con la tramitación trucha del permiso de edificación en comento. 

​Un tosco embate al contralor Bermúdez

Hasta la fecha no se sabe quién de la Contraloría adoptó la decisión de anular tal trascendental pesquisa y suponemos que el fiscal Campos determinará finalmente quien fue el funcionario de la Contraloría que fue tan buena persona con los pillos que se desenvolvían en la otrora respetable institución de Carabineros de Chile. 

​Una inmobiliaria se enojó con el alcalde Jadue

El permiso de edificación está viciado, aunque sabemos que 1.- una torre habitacional de 19 pisos fue recibida en la administración de Jadue para no perjudicar a las familias que allí residían, 2.- la otra torre de igual altura está terminada pero carece de recepción final, 3.- la otra torre todavía no se levanta y 4.- la edificación de la universidad opera en plenitud.

​La turbia historia de un mall viñamarino

Este caso se judicializó y la Corte Suprema convalidó un acuerdo entre la municipalidad de Viña del Mar y la inmobiliaria, en orden a que ésta debía ejecutar una serie de mitigaciones viales, sin que los magistrados se pronunciaran sobre el fondo de la materia, es decir, si el permiso del año 2000 mantenía su vigencia o bien estaba caducado conforme lo establece el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)

​Loteos brujos y “parcelas de agrado”

Con el único propósito de ponernos serios, instamos a los gobernantes, poder ejecutivo y poder legislativo, para que, sin más trámites burocráticos, deroguen el burlesco DL 3.516 e interpongan acciones judiciales en contra de los “emprendedores” que ejecutan loteos brujos, pues con sus existencias los únicos perjudicados son las familias de mínimos recursos monetarios. 

​Con tiburones los mercados no funcionan

Como el riesgo es que estemos ante un nuevo perdonazo por parte del Estado, será necesario que se conforme en la Cámara de Diputados una Comisión Investigadora, la que debería citar a todos los funcionarios públicos que conocen el engaño e invitar a los dirigentes de los grupos ciudadanos de Estación Central quienes, desde hace años, están denunciado la existencia de esos permisos.

​A los parlamentarios no les gusta pagar por usar estacionamientos

Tanto la fea playa de estacionamiento que no quieren devolver los parlamentarios, como el edificio del ex Congreso Nacional forman parte de la Zona A del Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago, donde está expresamente prohibido el uso de suelo de estacionamientos comerciales en sitios eriazos.

​Un sector económico pedirá que no se le aplique la ley

La industria inmobiliaria ha estado intentando por todos los medios posibles que los permisos cursados por las municipalidades, tanto legales como ilegales, sean considerados como derechos adquiridos de “buena fe”, luego como actos bendecidos por un soberano iluminado, aunque todos sabemos que en las Direcciones de Obras es muy fácil “equivocarse” para otorgar permisos de edificación con normas contrarias a derecho que entregan privilegios normativos a sus titulares.

​¿Quién Paga el Costo? Banco Santander vendió al Grupo Angelini proyecto ilegal en US$105 millones que de cumplir las normas sólo valdría US$20 millones

Así lo afirma la Fundación Defendamos la Ciudad que este martes hizo una presentación ante la Contraloría General de la República por los dictámenes emitido por la entidad en este caso de irregularidad inmobiliaria que no han sido obedecidos por el municipio.

​La alcaldesa Virginia Reginato desobedece a la Contraloría y a la Justicia

Lo peor que podría suceder es que doña Virginia, mal asesorada por sus colaboradores inmediatos, continúe con el brutal desacato, pero como cabe la remota posibilidad de que, aunque tarde, ella enmiende el camino, posiblemente el Estado de Derecho se hará presente entre agosto y septiembre próximos en esa ex ciudad jardín.

​Lo que sucederá el 15 de agosto en materia de Vivienda y Urbanismo

Todavía es tiempo para que el ministro Monckeberg llame a sus colaboradores con el fin de ordenar la casa con una ocurrente ley express y así evitar males mayores, sin perder de vista, en todo caso, que los asuntos del territorio no les interesa mayormente ni a los agentes públicos ni menos a los partidos políticos,

​Nuevamente tenemos declaratorias de utilidad pública

Ambas instancias superiores, enfatizando la mayor jerarquía de la ley sobre la OGUC, han declarado tajantemente que solo los anteproyectos o permisos de edificación efectivamente aprobados por la autoridad competente sobre predios afectos a utilidad pública, pueden generar actividades inmobiliarias.

​¿Corrupción inmobiliaria en retirada ?

Como los tribunales de justicia no se prestan para validar arreglines público-privados, la Corte de Apelaciones rechazó por extemporáneo el recurso de la inmobiliaria, la que, “por si acaso” elevó los antecedentes ante la Corte Suprema, cuyos magistrados en agosto de 2017 confirmaron el rechazo de la instancia judicial anterior.

Alcaldesa de Providencia incumple dictámenes de Contraloría

Observamos que Matthei apuntala a su Director de Obras y que los dictámenes de la Contraloría serán obedecidos por ese municipio tan solo a partir del presente mes de junio de 2018, luego con efecto retardado. Curiosa decisión de la alcaldesa.

​Todos, incluso los diputados, deben atacar la corrupción

En Chile los empresarios astutos ganan más plata que los empresarios que se enmarcan en las reglas del juego, configurándose así una competencia desleal que socava al sistema, lo que parece no interesarle en lo más mínimo a las asociaciones gremiales empresariales como tampoco a las autoridades del Minvu, todos los cuales conocen a cabalidad esta grosera pillería. 

Dos casos de ilegalidades cometidas por administrativos en que la Corte Suprema terminó ordenando la casa

Ante tal viveza, la municipalidad de Lo Barnechea que colinda con la de Vitacura, denunció la obscena situación en la Contraloría General de la República, ente que declaró que el actuar del Seremi de Vivienda y Urbanismo era contrario a derecho y por ello el particular alegó en la Corte de Apelaciones de Santiago que la burocracia le impedía ejercer su derecho de propiedad sobre un terreno en donde quería construir espectaculares residencias.

​Alcaldes de Las Condes y Vitacura discuten por un terreno

Estamos convencidos que Lavín nunca tuvo la decisión de construir viviendas sociales en el predio de 2,8 hectáreas que le pertenece a Las Condes y la demostración de ello es que los departamentos que formaban parte de los edificios que se reflejaban en la solicitud del anteproyecto ingresada en la Dirección de Obras Municipales de Vitacura no correspondían a ese tipo de viviendas, sino a otras de mejores características dirigidas a compradores que fueran sujetos de créditos en las instituciones financieras.

​Un “convenio” inexistente entre Matthei y Paulmann

La Contraloría es muy explícita al ordenar en su dictamen que el futuro convenio deberá tener como único propósito el financiamiento y ejecución de las medidas de mitigación en el respectivo EISTU y su modificación, una vez que ésta se encuentre aprobada por la institucionalidad administrativa y que, muy importante, lo anterior bajo ninguna circunstancia implica que esa repartición pública asuma la responsabilidad legal de cumplir con las obligaciones emanadas del EISTU.

​Dos derrotas del alcalde Lavín en el ámbito de la ciudad

Lavín resolvió ejercer todas las acciones administrativas y judiciales para poder construir sus viviendas sociales en el predio de Vitacura y en base a que el terreno en Las Condes de la inmobiliaria Nueva El Golf no tiene la superficie necesaria para aumentar la constructibilidad del proyecto, apelará ante la Corte Suprema para que ésta resuelva sobre el fondo de la controversia. 

​Universidades con y sin lucro pueden coexistir

Perfectamente pueden coexistir las universidades que lucran y las que no lucran, pero en los casos de las primeras, el Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá cobrarles a ellas todos los impuestos que se derivan de sus utilidades.