Francisco Pinochet



Francisco Pinochet

El lobby produjo efectos y el gobierno de Bachelet le confeccionó un traje a la medida para AES Gener: el Decreto Supremo Nº 68. En éste se dispuso que en los terrenos afectos a dos o más usos de suelo distintos, si “al menos el 30% de su superficie permite los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, se admitirá en todo el terreno dicho uso de suelo”.

Cuando existen recursos escasos como lo son el territorio y mar de nuestro país, parece lógico pensar que la única solución es un proyecto económico que convenga a ambos países.


¿Por qué se elevó este monto hasta hacerlo inalcanzable para la mayoría de las personas? Se afecta sin duda el derecho de propiedad de los chilenos sobre sus fondos de pensiones. 

La ex presidenta Fernández se encuentra involucrada en más de 450 causas que la Justicia investiga, por enriquecimiento ilícito, delito de acción pública, encubrimiento, violación de deberes de funcionario público, entre otras. Se trata de un claro caso de inhabilidad moral para cumplir funciones públicas, previsto en la Constitución de ese país.

Toda sentencia dictada en contravención a la ley es nula cuando la Corte Suprema así lo declare. De esta forma, cualquier fallo de un tribunal inferior que contradiga dicha interpretación es nula. Sólo falta que la Corte Suprema lo declare.

Los postores “coludidos” se van poniendo de acuerdo diariamente en adjudicarse cada uno de ellos una propiedad en un tribunal, al cual deben asistir los demás miembros de esta asociación ilícita, haciendo posturas para que el juez crea que realmente hay un proceso de pública subasta.

El Ministro del Interior interpuso un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la resolución del juez, el cual debiera ser acogido ya que no cabe duda que existió falta o abuso grave en su dictación.

De ahí entonces las ventajas de cómo este sistema funciona en Chile –al igual que en otros países- en que el ejercicio de la acción penal es una prerrogativa del Servicio de Impuestos Internos, siendo una la utilización de esta acción, una facultad privativa de éste.

La historia de las tomas es antigua, pero sin duda fue el intendente del gobierno pasado, Miguel Vargas Correa, quién incurrió en un grotesco abandono de deberes durante su gestión. En efecto, dicho intendente decidió “regularizar” la situación de numerosas tomas mediante “el arriendo” de estos terrenos a los ocupantes ilegales.

Atada de manos como estaba, la municipalidad recurrió a una nueva estrategia. Esta vez decidió negarle la patente municipal a la sociedad concesionaria.