Diputados plantean restablecer la idea de crear un registro de quienes se dedican a esta actividad para permitir fiscalización y transparencia en la toma de decisiones.
La semana última, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados retomó el análisis legislativo con miras a definir una ley que regule la actividad del lobby. Esta vez la discusión se hará sobre la base de una indicación enviada por el Ejecutivo que busca establecer criterios de transparencia en las agendas de las autoridades públicas.
En esta nueva propuesta legal se eliminaron las exigencias que contenían proyectos anteriores para los lobbystas. Como dijo a ESTRATEGIA, Roberto Funk, subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, doctor y magíster en Ciencia Política, London School of Economics and Political Science, “uno de los objetivos principales de una ley de lobby es la transparencia, y no funciona bien si los registros no están disponibles al público”.
En tal sentido, es positivo que algunos diputados de la comisión de Constitución ya estén advirtiendo que buscarán reponer este aspecto, porque las legislaciones más eficientes contemplan regulaciones para ambos actores en una situación de lobby: las autoridades u organismos que pueden ser sujeto de presiones, y quienes buscan influir en sus decisiones.
No basta con hacer públicas agendas de diversas autoridades, sino que los lobbystas también debieran estar sujetos a normas legales que faciliten la fiscalización a objeto de transparentar los procesos de toma de decisiones.
En Chile, lamentablemente las iniciativas legales que se han impulsado desde los años ’90 no han podido concretarse por falta de voluntad política, manteniendo en una zona bastante opaca esta actividad que nadie desconoce que se realiza en muchos ámbitos del quehacer nacional. Ojalá esta vez el discurso tenga mayor consistencia y se avance en esta necesidad de transparencia para el buen y sano funcionamiento de los órganos del Estado.
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