Si el Congreso deroga el que la marina mercante nacional sea inmune a la normativa de libre competencia, “vamos a tener plenas atribuciones para hacer análisis concretos y fácticos en este mercado local (de las navieras)”, manifestó el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal.
Hace algunas semanas, y tras haber detectado cartelizaciones en el transporte marítimo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la modificación de la Ley de Marina Mercante actual, después de casi tres años de análisis respecto al tema.
Es que las navieras chilenas “no están sujetas a las normas de libre competencia, en cuanto participen de ciertas operaciones, acuerdos o prácticas del sector de transporte de carga por vía marítima, tales como conferencias marítimas entre compañías navieras, convenios de pool suscritos entre estas y consorcios que regulen y racionalicen servicios”, indicó la FNE.
De este modo, si el TDLC acoge esta petición de la FNE, y en definitiva el Congreso hace el cambio en la Ley de Marina Mercante, “ahí nosotros vamos a tener plenas atribuciones para hacer análisis concretos y fácticos en este mercado (de las navieras)”, manifestó el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal.
En todo caso, el fiscal Irarrázabal señaló que “el enfoque en esa materia era precisar que había una excepción donde no se aplicaba la normativa de la libre competencia en la marina mercante, la cual creemos no se justifica. Más que ver una conducta específica respecto a un posible cartel, lo que estábamos diciendo es que liberen a dicho mercado de esta protección, pues no es necesario que la tenga, ya que es el único con esta particularidad”.
De hecho, esta suerte de inmunidad de la marina mercante a la normativa de libre competencia, ha imposibilitado eventuales pesquisas de la FNE. “Lo que pasa es que cuando uno tiene esa excepción para dichas empresas, la indagación pierde sentido porque se tiene una excusa legal”, admitió el fiscal Irarrázabal.
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