La Fiscalía Nacional Económica pudo percatarse de que EPSA, en una de sus bases de licitación pública para la adquisición de defensas flotantes de su sitio 9, contempla la posibilidad de adjudicarla a la propuesta “…que mejor satisfaga los intereses de la empresa”, entre otras cosas.
El 20 de diciembre del año pasado, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) recibió una denuncia contra la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) basada en que, en el marco de la propuesta pública sobre la adquisición de defensas flotantes para el sitio 9 de la compañía estatal, ésta habría desestimado la oferta formulada por Glentech Chile, invocando argumentos que serían falsos.
Así, la demandante sostuvo a la FNE que “pudo haber existido un acuerdo entre EPSA y la firma adjudicataria, como también se configuraría un abuso de posición dominante por parte de la compañía portuaria, al dar la licitación a un competidor que formuló una oferta más cara”.
Pese a que la FNE no encontró fallas a la libre competencia en esta acusación, sí pudo percatarse de “que las bases administrativas de la licitación consagran disposiciones que podrían no estar en sintonía con la conveniencia de que los criterios de adjudicación estén claramente determinados con anterioridad a la presentación de ofertas”.
En efecto, de acuerdo al ente antimonopolio liderado por el fiscal Felipe Irarrázabal, en la subasta de EPSA se contempla la posibilidad de que “la denunciada adjudique la subasta a la propuesta ‘…que mejor satisfaga los intereses de la empresa’. Además, se agrega que la referida compañía portuaria pueda dejar la licitación sin efecto, aún sin la expresión de causa”.
Asimismo, la FNE dejó abierto que la denunciante o terceros puedan concurrir de forma directa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), o ejercer las acciones que estimen procedentes en las sedes competentes en la materia.
Cabe recordar que en entrevista con ESTRATEGIA, el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, acusó que las bases de licitación pública “están hechas para facilitar que compren ciertos grupos, ciertas personas o cierta tecnología, cosa que a nosotros nos complica, pues esta práctica excluye a otros competidores. Entendemos que algunas adquisiciones deben ser de trato directo, pero no tiene que ser la regla general”.
El mercado de las licitaciones del sector público nacional, mueve en torno a los US$8.000 millones anuales con un total de 103.000 proveedores que han hecho al menos una transacción real.
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