Por otro lado, ayer en el país trasandino aumentaron los rumores sobre una nacionalización de Metrogas, la mayor distribuidora de gas de la nación.
El vicepresidente argentino, Amado Boudou, fue imputado por un fiscal en el marco de una denuncia por enriquecimiento ilícito en manos de la justicia de su país, informaron ayer fuentes judiciales trasandinas.
Además de Boudou, el fiscal Jorge Di Lello imputó al empresario Alejandro Vandenbroele, al abogado José María Núñez Carmona y a la periodista Agustina Kampfer, novia del vicepresidente, por presuntamente haber actuado como sustitutos de la autoridad.
El juez federal, Ariel Lijo, había entregado al fiscal una denuncia para que se investiguen "las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial" de Boudou.
Además, Di Lello pide que se investigue su presunta participación directa o indirecta en la Compañía de Valores Sudamericana y London Supply, firmas que compraron la empresa impresora Ciccone luego de que el Fisco desistiera de pedir su quiebra, en donde se ha señalado a Boudou como partícipe de una maniobra para evitar dicha bancarrota.
Asimismo, reclama investigar a los acusados por la "compra de terrenos" en un lujoso club de campo del balneario de Pinamar, a 380 kilómetros al sur de Buenos Aires, y un departamento en el barrio de Puerto Madero, uno de los más exclusivos de la capital argentina.
Los imputados de enriquecimiento ilícito están obligados a demostrar el origen de sus ingresos y propiedades, ya que la legislación les excluye de la presunción de inocencia.
Metrogas
Otro de los temas que marcó la jornada ayer en el vecino país fue el aumento de los rumores de nuevas nacionalizaciones, vinculadas en particular a la mayor distribuidora de gas del país, Metrogas, controlada por Gas Argentino S.A. Esta sociedad la comparten YPF (ahora ya en manos del gobierno) y la británica British Gas (BG).
Con la expropiación de la antigua filial de Repsol, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en el principal accionista de una gasífera que cuenta con una cartera de 2,2 millones de clientes. La empresa fue intervenida por el Estado al entrar en default en 2010, pero hasta el momento el gobierno no ha tenido poder de decisión, según indicó el periódico bonaerense El Cronista, que menciona el avance hacia una posible nacionalización de la distribuidora.
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