La mejor protección laboral es el empleo y, en consecuencia, hay que promover políticas que estimulen el emprendimiento para generar más puestos de trabajo.
Como es habitual en esta época del año, se reinstalaron las demandas laborales con motivo del Día del Trabajo. Mientras la Cut pidió que antes de fin de año el salario mínimo llegue a $250 mil (hoy está en $182 mil), algunos parlamentarios reflotaron una agenda legislativa relativa a normas laborales.
Una vez más, entre las propuestas aparece un dejo de populismo, como en los años de la Concertación cuando el tema laboral se instrumentalizó desde el punto de vista político-electoral.
Ciertamente hay ajustes necesarios planteados en la propuesta, como las mejoras en la seguridad del trabajo, aún pendiente en algunas áreas, sin embargo, la sindicalización automática reaparece como vía para fortalecer la negociación a través de los sindicatos.
Qué duda cabe que ello viene a rigidizar el diálogo entre empresa-trabajador, en antagonismo con la necesidad de flexibilizar tales relaciones para pactar horarios, extensión y distribución de la jornada, con el fin de incentivar la contratación de mujeres y jóvenes.
En lugar de restar flexibilidad a las normas del trabajo, la prioridad debería ser crear condiciones adecuadas para incentivar el empleo y la capacitación como herramienta que permita a los trabajadores acceder a mejores trabajos y mayores remuneraciones.
En esta línea, se avanza en una suma donde todos ganan. De modo que sería bueno que el mensaje político se eleve por sobre una mirada electoralista, y apunte a robustecer el clima de confianza que se da en una inmensa mayoría entre los actores laborales. Los niveles de conflictividad al interior de las empresas son bajos, como lo muestran las encuestas de la Dirección del Trabajo.
Por lo tanto, fomentar conductas para consolidar una cultura del entendimiento laboral y de colaboración entre los actores del mundo del trabajo es el aporte que se necesita para construir un mejor país.
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