Hay que fortalecer a los organismos que investigan y persiguen a quienes cometen actos delictivos en contra del Fisco.
La semana última, el mundo político concentró su atención en el debate tributario, a propósito de la reforma legislativa que enviará el Ejecutivo al Parlamento. En segundo plano pareció quedar el escándalo de la Municipalidad de Arica, donde se investiga una presunta red que se habría creado para defraudar al Fisco. Los partidos, dado que la acusación compromete a sus representantes de manera transversal, se mostraron sorprendidos ante las investigaciones del Ministerio Público y posteriores detenciones que involucran al alcalde, concejales y funcionarios, sumando cerca de 20 personas, hasta ahora. Asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y fraude, son algunos de los delitos que se indagan y en los que habrían participado los funcionarios públicos desde 2004.
Lamentablemente, como ha dicho el fiscal nacional, Sabas Chahuán, las investigaciones de corrupción representan una de las áreas más complejas y con mayores desafíos que deben enfrentar, entre otras razones por “la importancia pública de los involucrados y que generalmente no tienen compromiso delictual anterior, lo que redunda en tener que enfrentar altos estándares probatorios, especialmente cuando llegamos a la etapa de juicio oral, lo que se traduce en que no siempre se puedan obtener sentencias condenatorias”. Por lo mismo, una vez más en su cuenta anual, el fiscal abogó por una solución estructural para enfrentar “eficazmente el lavado de activos, la corrupción y otras investigaciones complejas”, pidiendo que se apruebe el plan de fortalecimiento del Ministerio Público que incluye la creación de una Fiscalía especializada para abordar estas materias.
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