—Es una tendencia en América Latina, en el sentido de rescatar las riquezas naturales para configurar una mejor posición estratégica de los países de la región en la comunidad internacional. No cabe duda que las consecuencias de la década del 70-80 llevaron a que el rol del continente, en el escenario global, se viera afectado. No sólo en Argentina se van a manifestar estos fenómenos, lo han hecho en Venezuela, Perú, Brasil, y en Chile hay una demanda relacionada con la explotación del litio. No me sumo al coro condenatorio contra Cristina Fernández, de ninguna manera.

—Es lógico que los mercados globales se inquieten. Hay una necesidad de que la economía de América del Sur tenga una gravitación mayor en los mercados y la incorporación del Estado es inevitable, sobre todo en áreas de recursos naturales, cuyo valor en los próximos años se va a multiplicar. El mundo árabe no tenía ningún peso en los ‘70 y pasaron a ser un actor de preponderancia mundial con el rescate del petróleo. Si los demás lo hacen, incluido países del primer mundo, y los mercados globales resguardan sus intereses, ¿por qué los latinoamericanos tenemos que ser siempre el pariente pobre? 

—Esto es un péndulo y la palabra involución, en el sentido de rescatar un mayor rol del Estado, refleja una parte de la verdad, pero no el sentido ideológico que algunos le quieren dar. Sin acrecentar el rol del Estado, estamos condenados a una subordinación de ser permanentemente el que mira la fiesta de los demás. 

—No puedo hablar en nombre de ellos. En este tema hay mucho paño que cortar, porque se impuso una especulación en el sector que castiga a los propietarios agrícolas. Hay verdaderas oficinas de abogados para inscribir derechos de agua para usos especulativos. El mundo rural está condenado a vivir en la pobreza si es que los derechos de aguas están siendo utilizados con esos fines. Entonces no es un problema del Estado versus el mercado en los derechos de agua, es un error. Se necesita que los derechos de agua estén en manos de la gente que hace producir el campo.

—El litio es nacional, lo que pasa es que el gobierno lo está desnacionalizando. La nacionalización de las riquezas básicas no puede ser ignorada. La entrega de concesiones desnacionaliza lo que la Constitución del país dice. 

—Eso es aplicar un resquicio legal, porque al hacerlo de esa manera el gobierno elude un debate, el país es el que debe resolver. ¿Cuál es el debate? Si se hace una inversión, relativamente abultada, con recursos fiscales y crea un Codelco para el litio, o se decide no usar esos recursos porque hay otras prioridades –o porque no tiene los recursos suficientes–, y entra en alianza con privados. No me cierro a ninguna alternativa, pero es una decisión demasiado grande para que se resuelva en la oficina de un funcionario, por importante que sea su rango en la burocracia estatal.

—Un proyecto en esta materia significa gasto público y es facultad del Presidente. El Presidente se arriesga mucho en su imagen futura frente los chilenos que vienen después de nosotros. Cuando las decisiones son burocráticas y no democráticas son precarias. 

—Una mayor participación de Chile en la explotación de los recursos naturales que suba nuestro nivel de ingreso con esa riqueza básica, para eso son los grandes eventos democráticos. Tenemos una elección presidencial, y ahí las grandes fuerzas nacionales tendrán que dar una opinión, son los grandes temas sobre los cuales se debe elegir a un Presidente de la República, no en función de las estrategias comunicacionales de sus comandos. Por ejemplo: ¿Codelco va a hacer todas las inversiones que necesita? ¿Va a estar condenado a asociarse con terceros para sus explotaciones?  ¿Qué vamos a hacer con ENAP?  ¿Qué vamos a hacer con el tema energético? La orientación de las grandes inversiones del país es el tema de la próxima elección presidencial.