Los políticos han manifestado un respaldo transversal a la idea de crear un marco regulatorio que asegure calidad y eficiencia en el servicio de transporte.
Un sólido respaldo está generando en el Parlamento la iniciativa del Ejecutivo de enviar un proyecto de ley que signifique dotar de mayores atribuciones al Gobierno para asegurar calidad y eficiencia en el transporte público.
Hasta ahora, subsisten dos grandes problemas relacionados: por una parte, el servicio está muy lejos de ser una buena alternativa a los miles de usuarios que dependen de él para sus traslados, y aun cuando el Gobierno le ha inyectado enormes recursos, el sistema sigue siendo deficitario. De manera que es imprescindible que se adopten medidas que corrijan estas profundas debilidades.
Sobre el primer aspecto, el ministro Felipe Morandé anunció el martes último, que la idea es crear un marco regulatorio que amplíe las facultades “al Estado para fiscalizar, que el servicio se cumpla de la mejor forma posible, que los contratos (con las empresas) sean sensatos, y que haya siempre la posibilidad de que el servicio no se descontinúe”, a objeto de garantizar que el usuario cuente con un medio de transporte adecuado, a un precio razonable.
Si bien sobre el financiamiento aún no hay pronunciamientos políticos, los parlamentarios han expresado un apoyo transversal a este cambio, el cual permita que el Estado pueda tener mayor injerencia en cuanto a regular tarifas e intervenir cuando haya problemas con las empresas operadoras, a fin de optimizar el servicio público. Una decisión política acertada en la convicción de que Chile necesita un sistema de transporte público eficiente, para poner fin a tantos errores y negligencias de parte de gobiernos anteriores que han perjudicado por demasiado tiempo a los usuarios.
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