Los gruesos y graves errores cometidos por el Gobierno en su respuesta ante el impacto del terremoto que azotó el país son cada vez más nítidos e imperdonables, porque han significado pérdida de valioso tiempo que podría haber salvado vidas.
Por de pronto, el capítulo protagonizado por la Onemi, dependiente del Ministerio del Interior, al no activar la alerta de tsunami en la zona costera del territorio centro-sur afectada por el terremoto, no ha sido aclarado por la autoridad. El Gobierno no sólo debe dar explicaciones públicas, sino que iniciar una investigación rigurosa para establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Por lo que resultan muy desafortunadas las declaraciones emitidas ayer por parte del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, en respuesta a este hecho. "No estoy en forma para empezar a buscar la caza de brujas y la responsabilidad. Aquí hay responsabilidades de todo tipo, pero no es el momento de hacerlas efectivas", dijo el secretario de Estado, olvidando que debe hacer abandono de su cargo el próximo jueves, cuando asuma el nuevo Gobierno.
Este es un momento para la unidad nacional, lo que no significa obsecuencia con la autoridad que tiene el deber de responder de manera eficaz y oportuna ante la emergencia. Y si no lo ha hecho, debe hacerse cargo de los cuestionamientos y enmendar rumbos.
FUERZAS MILITARES
Las críticas a la tardanza e ineficiencia con que el Gobierno ha abordado la situación trascienden el territorio nacional, y la prensa internacional ya apunta a la demora del Ejecutivo en declarar el estado de catástrofe, agravando la situación de la ciudadanía que quedó desamparada ante la agresión del vandalismo y el pillaje.
La resistencia de La Moneda para delegar el control del orden y la seguridad en las autoridades militares, como dicta la ley en casos de emergencia como los que estamos viviendo, es inaceptable. Las Fuerzas Armadas y de Orden reunidas ayer con la Presidenta Bachelet dejaron claramente establecido a la ciudadanía que su contingente estaba preparado para actuar inmediatamente de ocurrido el terremoto. Pero, como lo señaló el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general Ricardo Ortega, su acción está supeditada al poder civil. “Nuestra misión es estar listo para ocupar nuestros aviones y así aconteció. Son otros los que deben indicar dónde ir y con qué ayuda. Seamos claros", enfatizó el general Ortega.
El atraso en enviar contingente militar a las zonas más afectadas permitió las acciones de pillaje y vandalismo en Concepción, a pesar del reclamo oficial de la autoridad comunal, Jacqueline van Rysselberghe. La alcaldesa ha asegurado que informó al Ministerio del Interior acerca de la gravedad de los acontecimientos en su región, y que no fue escuchada. Los chilenos hemos visto las imágenes del desborde de los grupos vandálicos, en saqueos a la propiedad privada y el temor de los habitantes que buscan desesperadas formas de asegurar sus viviendas.
La demora en el envío del contingente militar atrasó la llegada y distribución de alimentos de primera necesidad a los damnificados, hecho muy grave, aunque el ministro Pérez sostenga que el arribo de ayuda se produce cuando “estamos solamente a 80 horas del momento en que se produjo este sismo”. Pero lo que es aún peor, las malas decisiones afectaron el traslado de personal de rescate a las zonas de derrumbes, obstaculizando el despliegue de operaciones especializadas para salvar vidas.
De todo ello debe responder la autoridad. Y mientras antes lo haga, es mejor para una sana convivencia.
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