Diversos abogados han manifestado sus aprensiones frente a las nuevas atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, como consecuencia de la ley 20.361, publicada la semana pasada, que fortalece la institucionalidad de la libre competencia e introduce la figura de la delación compensada para desbaratar carteles.
La inquietud se vio reforzada por los votos de minoría de ministros del Tribunal Constitucional que consideraron que existen transgresiones a derechos fundamentales.
Con esta ley, en casos graves y calificados de investigaciones destinadas a acreditar prácticas concertadas, el fiscal nacional económico podrá solicitar, mediante petición fundada y con la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, autorización a un ministro de la Corte de Apelaciones, para que Carabineros o la Policía de Investigaciones, bajo la dirección del funcionario de la FNE realice una serie de procedimientos: ingresar a recintos públicos o privados; allanar y descerrajar; registrar e incautar toda clase de objetos y documentos; interceptar comunicaciones y ordenar a cualquier empresa que preste servicios de comunicaciones, que facilite copias y registros de las comunicaciones transmitidas o recibidas por ella.
Entre las objeciones de los votos de minoría, está el que las mayores potestades suponen un organismo autónomo que dirija una investigación racional y justa, y no que mantenga su carácter de servicio público; que se vulnera la independencia del poder judicial, pues el ministro de Corte que deberá visar la solicitud de la FNE, sin poder calificar la idoneidad del funcionario que dirigirá a la fuerza pública, y que se vulneran “severamente” derechos protegidos por la Constitución, como la inviolabilidad del hogar, de las comunicaciones privadas y de los documentos privados.
Pese a ello, en el Parlamento, como en el Tribunal, primó tanto una visión de mayoría que estima que esas facultades son necesarias y que la normativa sí resguarda la vida privada. Publicada la ley, no cabe más que esperar que las autoridades tanto la FNE como el TDLC y las cortes del poder judicial, actúen con responsabilidad frente a este nuevo esquema.
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