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23/07/2013

Concesiones Eléctricas y Defensa del Estado de Derecho


 
  Sara Larraín Directora Chile Sustentable
 
 
 

Lo que está en juego es la seguridad de si este acto del Estado fortalecerá la certeza jurídica de los derechos de todos los chilenos.

Durante agosto una Comisión Mixta de senadores y diputados estudiará el proyecto de ley de concesiones eléctricas, luego del rechazo por parte de la Cámara de Diputados de artículos que restringían gravemente derechos legales y constitucionales de los chilenos, para facilitar las inversiones del negocio de la transmisión eléctrica.

La Comisión deberá resolver la oportunidad de la consulta indígena establecida en el Convenio 169 OIT (ratificado por Chile), que en este caso concierne al acto administrativo que otorga una concesión eléctrica, si es que ésta afecta territorios indígenas.

También deberá resolver sobre como el Estado de Chile dará cumplimiento a la prohibición que establece la Convención de Washington (ratificada por nuestro país) de interferir áreas protegidas con infraestructura productiva ajena a la conservación.

Finalmente, senadores y diputados deberán pronunciarse sobre la mantención o restricción de derechos establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Esto, porque los artículos rechazados por la Cámara pretendían limitar el derecho de los afectados a interponer medidas precautorias si las concesionarias eléctricas depositaban en tribunales una garantía monetaria. Además permitían al concesionario eléctrico solicitar el auxilio de la fuerza pública para la toma material de los terrenos, aunque existieran acciones legales pendientes.

Tras ser zanjados por la Comisión Mixta, estos cuatro problemas de fondo serán sometidos al plenario del Congreso para su aprobación o rechazo.

Lo que está en juego, entonces, no es el procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, sino la seguridad de si este acto del Estado fortalecerá la certeza jurídica de los derechos legales y constitucionales de todos los chilenos, o si al revés la debilitará para privilegiar a las empresas eléctricas.