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 Javier Fuenzalida S., Superintendente de Seguridad Social |
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Según un reciente estudio de opinión realizado por Clínica Las Condes y Adimark un amplio 71% de las mujeres chilenas no se sentiría apoyada por la sociedad para ser madres. Esto lo perciben especialmente en la discriminación laboral; un pre y postnatal muy corto; empresas que no contratan a mujeres embarazadas; poca flexibilidad en los horarios de trabajo; empleadores molestos con licencias; despidos postfueros y bajos sueldos.
Dicha percepción no deja de ser desalentadora. Sin embargo, al mismo tiempo, resulta curiosa, sobre todo al dimensionar los variados beneficios de seguridad social con que el Estado cuenta para proteger a las madres trabajadoras, y que están avalados por la actual legislación laboral.
En Chile existe un sistema de protección a la maternidad que comprende el cuidado antes, durante y después del embarazo. Esto en aspectos tales como descanso maternal, mantención de la remuneración de la trabajadora y cuidado del niño en caso de enfermedad grave, hasta cumplido su primer año de vida.
Para todas ellas, los subsidios otorgados en virtud de reposos maternales y permisos por enfermedad grave del niño menor de un año, son de cargo al Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía. En otras palabras, estos beneficios se financian íntegramente con recursos fiscales, pues corresponden a beneficios laborales y de seguridad social. Durante 2007 el Estado invirtió $136.384.056 millones por este concepto, lo que se desglosa en $86.314.309 millones por reposo pre y postnatal y $50.069.747, por enfermedad de niño menor de un año.
En consecuencia, la maternidad y los gastos que de ella se derivan están protegidos por Ley, así, el Estado se ha consolidado como una de las entidades fundamentales en la protección de la maternidad y como consecuencia de la familia. En el sector privado, también, especialmente en la última década, son cada vez más las empresas que se comprometen con las futuras generaciones desde su estado embrionario, entregando garantías de flexibilidad horaria y seguridad en el puesto de trabajo. La consolidación de estas prácticas ya comunes, permitirá en el mediano plazo terminar con las actuales percepciones de abandono e inequidad que todavía prevalecen en algunas mujeres.
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