La paralización de la Central Castilla por parte de la Corte Suprema, obviamente representó un golpe para el sector energético. Esto se suma a las dificultades que ha tenido HidroAysén para desarrollar su proyecto, en un escenario donde prevalece un alto costo de la energía, restando competitividad a las empresas nacionales y quitando una buena tajada al presupuesto de las familias. De hecho, la electricidad residencial en Chile es seis veces más cara, en términos relativos, que en EE.UU. y supera con holgura la tarifa promedio de la OCDE.

La buena noticia, en este ámbito, provino desde el Ejecutivo, luego que el Presidente Piñera anunciara el inminente envío del proyecto de carretera eléctrica y la interconexión del SIC y SING. Esto permitiría bajar en 50% el costo marginal en el SIC, según señaló el subsecretario de Energía, Sergio del Campo, y también agregará estabilidad y eficiencia al sistema.

Pese a que actualmente se construyen 14 centrales eléctricas que aportarán 1.700 megawatts de aquí a 2014 y que los proyectos ya aprobados duplicarán la capacidad de generación, la amenaza de un eventual desabastecimiento futuro, dadas las necesidades energéticas, ronda en el ambiente. 

El temor es que esto se transforme en un obstáculo para alcanzar el desarrollo económico, al poner en jaque a uno de los sectores de mayor relevancia en el Producto: la minería. Esta representa el 12% del PIB, aportó US$1.200 millones a la recaudación fiscal en el primer semestre  y tiene una cartera de proyectos de US$100.000 millones hasta el año 2020. El problema es su gran demanda energética.

Actualmente, la actividad minera tiene una participación del 35% del consumo eléctrico, superando largamente a los requerimientos de la industria (24%) y del sector residencial (16%). Pero la demanda de energía seguirá creciendo y, según Cochilco, la minería del cobre la duplicará en un horizonte de ocho años, por lo que en poco tiempo el 45% del consumo lo concentrará este rubro.

Entonces, el verdadero problema es cómo el país incrementa la capacidad instalada de megawatts para proveer principalmente a la actividad minera. Esto, en buena medida, transforma el desafío en un asunto sectorial y no nacional. Por lo mismo, no son admisibles las campañas destinadas a infundir el temor de que se caerán proyectos mineros de envergadura, si los propios involucrados no se hacen parte de la solución. Tampoco es razonable que el gobierno de turno deba asumir el costo político de sacar adelante proyectos de alto impacto ambiental, para beneficiar a un sector. 

Es bastante lógico, por lo tanto, que la minería aborde el tema de la autogeneración y que allí se establezcan incentivos económicos que eviten que esas inversiones encarezcan los proyectos originales. Se trata, además, de un sector que cuenta con elevados capitales  y que hace uso de recursos no renovables, cuestión que difícilmente compensa el royalty.