Las expectativas de cambio iban mucho más allá de la ayuda a los sectores de menores ingresos. Se echan de menos medidas para aliviar la carga de la clase media, la que perpetuamente queda al margen de las políticas de apoyo.
Tal parece que el gobierno renunció a llevar a cabo una gran transformación económica, olvidando su propio ADN para mimetizarse con un esquema desgastado y que no representa los intereses de la mayoría de las personas.
Las cifras de la economía chilena siguen sorprendiendo favorablemente. La actividad de marzo tuvo una expansión de 5,2%, acumulando en el primer trimestre un avance de 5,6%, ritmo que echa por tierra los pronósticos de un crecimiento en torno a 4% en 2012 e incluso abre la opción de superar el 5%.
La inflación, en tanto, fue otro de los datos positivos, pues en abril subió sólo 0,1%, mientras que el IPC subyacente –indicativo de las presiones de demanda– tuvo una variación negativa de 0,2%. Con esto se descartan los últimos temores de sobrecalentamiento que rondaban en el mercado y se reduce la urgencia de un alza en la tasa de política monetaria.
A lo anterior se agregan los datos de empleos, los cuales muestran una baja en la tasa de desocupación como consecuencia de una sostenida creación de puestos de trabajo, así como también un aumento de las remuneraciones. Aunque no hay consenso, la tesis de que hoy se bordea el pleno empleo, también forma parte del debate.
Deficiente valoración
A la luz de estos antecedentes, es llamativa la baja valoración del manejo económico que arrojó la última encuesta CEP. Es así como un 34% califica de mala o muy mala la actual situación económica y sólo un 21% piensa que es buena o muy buena. El 44% restante cree que no es ni buena ni mala.
Eso implica que casi el 80% de la población encuestada no aprecia los logros económicos o, si lo hace, no lo expresa porque está molesta o inconforme. De hecho, cuatro de los seis principales problemas a los que el gobierno debería dedicar un mayor esfuerzo a solucionar, se relacionan con una situación económica precaria: Salud, Sueldos, Pobreza y Empleo.
En parte, esta situación debería mejorar con la implementación del Ingreso Etico Familiar, ley que fue despachada el jueves y que promete erradicar la extrema pobreza, beneficiando a 170 mil familias. Ciertamente, un bono mensual de $53.000 por hogar puede hacer la diferencia para quienes están en la línea de la indigencia.
Pero las expectativas del cambio iban mucho más allá. Se echan de menos medidas para aliviar la carga de la clase media, la que perpetuamente queda al margen de las políticas de apoyo. De hecho, es probable que el proyecto de reforma tributaria tenga un efecto negativo en el empleo, justamente una de las variables que preocupan a la población. Tampoco es esperable que los sueldos mejoren –otra de las inquietudes expresadas en la CEP– si se considera que a las Pymes les están subiendo los impuestos.
Tal parece que el gobierno renunció a llevar a cabo una gran transformación económica, olvidando su propio ADN para mimetizarse con un esquema desgastado y que no representa los intereses de la mayoría de las personas. Las acusaciones de ser algo parecido a un quinto gobierno de la Concertación no suenan tan descabelladas cuando se constata que las medidas impulsadas por el Ejecutivo van en sentido contrario a las promesas de la campaña. Cabe recordar que estas descartaban un incremento de la carga tributaria global, pues se sostenía que el tamaño del Estado era el adecuado. También se proponía fomentar la inversión y el ahorro, dos variables que hoy se ven amenazadas.
Y como es evidente que el ministro Larraín sufre de amnesia, conviene recordarle sus palabras de enero de 2007: “¿Cómo justificar un aumento de impuestos cuando el sector público se ha transformado en un acreedor neto y ya ha acumulado activos externos cercanos a los US$8.000 millones en 2006? Más bien, lo que correspondería es discutir seriamente una rebaja de tributos…”. Con seguridad, el responsable de las finanzas públicas sabe que los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) hoy ascienden a US$14.900 millones.
Es lamentable que el Ejecutivo se niegue a reconocer que Chile es un país caro y que allí se centra el malestar ciudadano.
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