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Agenda Corta Antidelincuencia

Producto de que en esta materia se va legislando de manera parcial, reaccionado al escándalo público de cada ocasión, se ha generado una normativa incoherente, donde por ejemplo el homicidio puede tener un marco sancionatorio igual o menos gravoso que un robo con violencia frustrado.


miércoles, 20 de enero de 2016 12:32
Actualmente se está discutiendo, a la rápida, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, un proyecto de ley que ha recibido la cuestionable designación de "agenda corta antidelincuencia", con el cual se pretende enfrentar la arraigada sensación de inseguridad que existe en nuestra sociedad producto de la reiteración de ciertos delitos, sobre los cuales existe una percepción de impunidad.
El fundamento final de esta iniciativa se funda en la idea de que frente a estos delitos, referidos en general a atentados en contra de la propiedad, la autoridad competente no actuaría de manera suficientemente rigurosa. De esta forma,  la supuesta falta de facultades reales de las policías y fiscales para efectuar una persecución criminal eficaz, sumada a la "incompresible" actuación de "jueces garantistas", más preocupados por defender los "derechos de los delincuentes" que el interés de las víctimas, determinaría que éstos actúen de manera absolutamente impune, volviendo a delinquir una y otra vez, como producto de la "puerta giratoria".
Sin embargo, la búsqueda una solución a través del inútil expediente de limitarse a entregar más facultades sin control a Policías y Fiscales, no constituye ningún avance real, y  sólo les sirve a quienes han trasformado este tema en un mero insumo electoral.
Un enfoque serio sobre esta materia debe centrarse en tres aspectos. En primer lugar, en un contexto de recursos limitados,  se debe revisar el catálogo de delitos y penas que establece nuestra legislación, a fin de definirlas en términos jerárquicos y racionales, centrando los castigos efectivos en aquellas conductas consideradas como más graves. Producto de que en esta materia se va legislando de manera parcial, reaccionado al escándalo público de cada ocasión, se ha generado una normativa incoherente, donde por ejemplo el homicidio puede tener un marco sancionatorio igual o menos gravoso que un robo con violencia frustrado, o donde una persona que ha matado dolosamente a alguien puede no recibir una pena efectiva, pero quien mata a otro producto de un manejo en estado de ebriedad va a ir preso a todo evento. Un nuevo Código Penal  ha sido una promesa incumplida por los últimos cuatro gobiernos, y no se ve que exista una voluntad real de enviar un proyecto al Congreso, y según muchos, tampoco existe la masa crítica necesaria en el Congreso para asumir este desafío. 
En segundo lugar, se debe revisar la actuación de quienes forman parte del sistema de persecución criminal, especialmente en lo referente a las policías y fiscales, a quienes más que entregar nuevas facultades sin control, se le debe fijar un marco legal el cual garantice que las funciones y cargos que se asignan al interior de estas instituciones se funden en criterios de mérito, y no a partir de consideraciones de amistad o mera antigüedad, como ocurre hasta ahora. 
Finalmente necesitamos hacernos cargo del sistema de cumplimento de penas,  concretando la otra eterna promesa de establecer tribunales de ejecución de pena, garantizando condiciones y programas adecuados para nuestros recintos penales, y  asegurando que las medidas alternativas a las penas privativas de libertad serán respetadas en términos de buscar prevenir que los condenados cometan nuevos delitos. Lo anterior, en un contexto donde nuestro actual sistema  por lo general no abre oportunidades a los reos, sino que los deja en una situación donde no tienen otra alternativa que delinquir cuando cumplen su sanción.
Sin embargo, al no existir una política criminal consistente, tendremos que seguir observado como se legisla de manera liviana, por personas que tratan de convencernos de que están haciendo algo en esta materia, cuando en realidad sólo están buscando obtener un provecho populista de corto plazo, a costa de la seguridad real de los ciudadanos.  




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