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Titulares

¿Pobreza de Dos Clases?

Las instituciones con el beneficio aún no saben cómo se cubrirá el déficit de una gratuidad que no abarca todo el costo de la docencia.

miércoles, 14 de octubre de 2015 13:38
Poco presentable sería que se estableciera que los pobres de comunas de altos ingresos no sean elegibles para un cierto beneficio, y que sí lo sean aquellos pobres provenientes de comunas de bajos ingresos. ¡Discriminación inaceptable!, diríamos, y posiblemente ello no tendría la aprobación de los Poderes del Estado. Sorprendentemente algo similar es lo que se propone en el marco de la gratuidad parcial consultada en el Proyecto de Presupuesto 2016. En efecto, la glosa respectiva propone que sólo estudiantes pobres pertenecientes a instituciones acreditadas con cuatro años y más, sin sociedades en sus juntas directivas y con gobiernos triestamentales, serán elegibles para la gratuidad. Quienes pertenecen a los cinco primeros deciles pero no están en ese tipo de instituciones, son “pobres no elegibles”; su culpa es la de estar en instituciones consideradas no idóneas a través de una decisión arbitraria. O sea, habrá pobres Clase A (elegibles) y pobres Clase B (no elegibles) siendo estos últimos una proporción muy alta de la pobreza total (o del 50% más pobre) adscrita al sistema de Educación Superior. Se pretende así penar a ciertas instituciones a través de sus estudiantes, lo cual no tiene adecuada presentación como política que enfatice equidad. Pero también la medida oculta inusitada desprolijidad: instituciones acreditadas con cuatro o más años pueden tener carreras no acreditadas o acreditadas por un número inferior de años. Del mismo modo, podrá haber instituciones con carreras acreditadas por un número significativo de años, pero que no son elegibles por la regla general consultada. La medida de gratuidad envuelve, entonces, una gran inequidad y, además, desprolijidad producto de su escasa discusión: las instituciones con el beneficio aún no saben cómo se cubrirá el déficit de una gratuidad que no abarca todo el costo de la docencia. El Parlamento de Chile tiene la gran oportunidad de corregir estas cosas, reponer principios de justicia y eficiencia para no partir con un sistema sin marcha atrás y que legará al futuro un persistente vacío financiero.

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