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Columna de Mauricio Daza: ¿Un Fiscal Nacional Para Ponce Lerou?

Frente a un panorama en que los diversos intentos para obtener impunidad han fallado ante los tribunales, resulta fundamental que el proceso de designación del Fiscal Nacional se desarrolle de manera absolutamente transparente.

jueves, 15 de octubre de 2015 17:00

El proceso para nombrar a un nuevo Fiscal Nacional del Ministerio Público se encuentra marcado por la investigación de un conjunto de delitos tributarios y de cohecho que han sido denunciados en contra de una serie de parlamentarios y políticos los cuales, paradójicamente, están llamados a intervenir en la decisión sobre quién tendrá la enorme responsabilidad de liderar durante los próximos ocho años al organismo que tiene a su cargo la persecución penal en nuestro país.

En este contexto, existe una justificada preocupación en cuanto a que dentro de las negociaciones propias a un proceso de nombramiento donde deben intervenir los tres poderes del Estado, se comprometa a espaldas de la ciudadanía un arreglo para dar una "salida" a las referidas causas, y en las cuales todos los sectores políticos han sido afectados por la revelación de hechos ilícitos graves, vinculados con una manera irregular de financiar campañas, partidos y autoridades; todo lo cual se logró mantener en reserva durante décadas.

Esta aprehensión resulta más que justificada, si se consideran los burdos intentos que se han desarrollado para tratar de tapar estos hechos, e intentar poner término de cualquier forma a las investigaciones desarrolladas en esta materia por la Fiscalía. Es así como se han sucedido desde presentaciones al Tribunal Constitucional para que se paralicen incautaciones y se desechen las causas; presiones desde el Ministerio del Interior y parlamentarios de distintos sectores al Servicio de Impuestos Internos para que no interpongan denuncias o querellas en contra de los responsables; y un sinnúmero de recursos judiciales para poner fin rápido a los procesos sin aclarar el fondo de las irregularidades denunciadas, todas las que tienen como elemento en común el revelar la forma como la política en nuestro país se encuentra capturada por los intereses de los grandes grupos económicos.

Frente a un panorama en que los diversos intentos para obtener impunidad han fallado ante los tribunales, y en un escenario donde la opinión pública se encuentra vigilante respecto del destino de estas causas, resulta fundamental que el proceso de designación del Fiscal Nacional se desarrolle de manera absolutamente transparente, donde la comunidad pueda además conocer a cabalidad los antecedentes de cada uno de los candidatos, especialmente respecto de su conducta en los casos más relevantes donde han debido intervenir.

A manera de ejemplo, llama la atención la candidatura del fiscal José Morales, jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien en contra de todo pronóstico inicial se ha perfilado para muchos como una de las personas con mayores posibilidades de acceder al cargo de fiscal nacional. Lo anterior, a pesar de no tener una trayectoria académica, ni profesional, que pueda justificar razonablemente esa posición. Es así como en su calidad de fiscal a cargo de la Unidad de Alta Complejidad, ha perdido todas las causas relevantes que ha tenido a su cargo o en las que ha intervenido, además de haber sido removido de la investigación de caso Cascadas hace algunas semanas, precisamente por el hecho de haber realizado declaraciones públicas donde desestimó la responsabilidad de Julio Ponce Lerou en lo que se ha señalado como el mayor fraude a la Ley de Mercado de Valores de nuestra historia, no obstante estar a cargo de una investigación en pleno desarrollo y a pesar de referirse a una persona que fue sancionada por estos mismos hechos con las multas más altas que ha cursado la Superintendencia de Valores y Seguros en su historia. 
Además, los querellantes del caso Cascadas en su petición de remoción denunciaron justificadamente la inexcusable desidia y falta de profesionalismo que demostró en las escasas diligencias desarrolladas durante el periodo que la investigación estuvo a su cargo. Por otra parte, inexplicablemente se dedicó a criticar públicamente el trabajo de la SVS, sosteniendo que no cumplía con el parámetro necesario para justificar una imputación penal en contra de Ponce Lerou, aún cuando lo realizado por el organismo fiscalizador supera claramente y por lejos, tanto el estándar exigido para el esclarecimiento de este tipo de delitos, como la calidad de las investigaciones que el propio Morales ha llevado a juicio.

En este contexto es necesario que se aclare si es efectivo que Morales se ha reunido privadamente con el senador Girardi, reconocidamente cercano al abogado del gerente de SQM, para coordinar la promoción de su candidatura. Asimismo debe aclarar si es efectivo que ha tenido contactos reservados con la UDI, muchos de cuyos parlamentarios y dirigentes están formalizados en las causas Penta, SQM y Corpesca. Además, en su caso, se deberá esclarecer la razón de la existencia y contenido de estas reuniones, que no se han informado conforme a las normas de la Ley de Lobby vigentes. Cabe destacar que estas mismas exigencias se deben hacer extensivas, en lo que sea pertinente, a los demás candidatos al cargo de fiscal nacional.

En definitiva, y más allá de un caso en particular, el próximo fiscal nacional deberá asumir los desafíos que deja una administración deficiente, la cual entrega a un Ministerio Público en peores condiciones que aquellas en que las recibió; pero además deberá enfrentar las exigencias propias de un escenario donde la credibilidad de nuestras instituciones está en profunda crisis, no existiendo espacios para negociaciones o componendas realizadas entre cuatro paredes, de espaldas a la ciudadanía, que puedan atentar en contra de la debida trasparencia y autonomía de una institución que es clave para garantizar la plena vigencia de nuestro Estado Democrático de Derecho.





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