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Economía
En Chile Muy Pocas Empresas Tienen un Canal de Denuncias

El socio líder de Prevención e Investigación de Fraudes (FIDS) de EY entregó las claves para el desarrollo de técnicas para evitar los fraudes, además de las falencias en las compañías del país.


lunes, 01 de febrero de 2016 13:04
El robo de activos, la corrupción y la manipulación de datos financieros son las principales actividades ilícitas que ocurren dentro de las empresas, y son un punto que cada vez cobra más relevancia en el manejo empresarial a nivel mundial. 

De acuerdo a la última encuesta internacional desarrollada por EY (ex Ernst&Young), un 32% de los directorios y gerentes generales señaló estar significativamente más preocupado por una filtración de datos de sus compañías que hace dos años, mientras un 17% aseguró que ven con una alta preocupación un posible riesgo de corrupción o de sobornos.

En este sentido, el socio líder de Prevención e Investigación de Fraudes de EY, Ricardo Gameroff, explicó que las primeras medidas que debe adoptar una empresa para evitar el fraude tiene que ver con “fijar el tono”. Es decir, establecer una serie de reglamentos y comportamientos aceptables dentro de la organización, especialmente respecto a procedimientos y manejo de información. 

Además, llamó a identificar los riesgos más comunes de fraude, considerando el sector específico en que se desempeña la compañía. “Por ejemplo, si tuviera una empresa minera, el riesgo más común sería el fraude en las licitaciones”, indicó, agregando que en estos casos es crucial realizar un chequeo cada vez que se contrata un nuevo proveedor, para saber si existe alguna conexión con alguno de los propios empleados. 

Finalmente, sostuvo que es necesario establecer procedimientos de investigación. “En el mercado local muy pocas empresas tienen un canal de denuncias, con lo cual la efectividad de ese mecanismo cae”, afirmó Gameroff, explicando que este debe funcionar necesariamente asegurando el anonimato, y preferiblemente desde una agencia externa. 

De hecho, de acuerdo al informe bianual de la Asociación de Fiscalizadores de Fraude Certificados (ACFE en inglés), un 47% de los casos se detectan gracias a las denuncias, y la mitad de estas fueron realizadas por los propios empleados. En caso de contar con un buen canal de denuncias (o “hotline”), las organizaciones reportaron tener un 41% de menores pérdidas por fraude, y aumentaron su velocidad de detección en un 50%. 

A nivel de costos, la encuesta arrojó que la mediana de los fraudes alcanzaron US$145 mil, mientras que un 22% costaron al menos US$1 millón. 

“La mediana de duración de un fraude desde que comenzó hasta que fue detectado se ubicó en 18 meses”, reportó la ACFE. 

Además, Gameroff aseguró que en Chile, muchas veces el proceso de investigación se releva a auditorías externas, pero advirtió que “muchas de esas agencias no están capacitadas para captar fraudes”. “Basan sus exámenes en documentos digitales, no los originales. Y es más fácil falsificar un documento electrónico que uno físico”, agregó.

Así, el informe de la ACFE calculó que solo un 3% de los casos fueron detectados por una auditoría externa, en tanto que las auditorías internas llegaron apenas a un 14% del total. 

Finalmente, el experto advirtió que “muy pocas empresas tienen mapeados los riesgos específicos de su empresa, y muy pocas que tienen un sistema de monitoreo más moderno”.

Por su parte, el senior manager de Prevención e Investigación de Fraudes de EY, Jorge Vio, puso el foco en la figura del Oficial de Cumplimiento -que de acuerdo a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas- es la persona que obligatoriamente deben tener las empresas para relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero. En este sentido, aseguró que muy pocas empresas en Chile dan relevancia a este actor, quien es responsable de “reportar operaciones sospechosas, y de coordinar políticas y procedimientos de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, de acuerdo a la definición de la UAF. Además, criticó que la ley establezca que en las empresas que facturan menos de 100 UTM anuales, el mismo controlador, administrador o dueño pueda ejercer esa función. “Le quita bastante imparcialidad al rol”, sostuvo. 






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