El martes 14 de mayo pasado asistimos al seminario “Corrupción en América Latina : ¡Basta!” realizado en la Universidad de Chile y organizado por la fundación Espacio Público y el Instituto de Asuntos Públicos de dicha universidad estatal, ello con motivo del lanzamiento en nuestro país de un Informe del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para Latino América y el Caribe, elaborado por 8 especialistas de distintas nacionalidades.

Lo habíamos dicho fuerte y claro hace unos meses. La decisión del gobierno de impulsar el proyecto de ley que otorga un mayor grado de autonomía al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), aunque tardía del punto de vista del grado de desarrollo del país, va en la línea absolutamente correcta, e implica un importante avance para que la institución evolucione hacia un modelo de governance moderna, responsable y transparente; en su inestimable rol de generación y repositorio de estadísticas acorde con los requerimientos de una sociedad integrada al mundo, democrática y sobre todo, consciente de la primaria importancia que reviste la confianza pública.

Los resultados reflejan un continuo mejoramiento del perfil de riesgo de la cartera de crédito social, visualizada en una disminución de 121,31% en el deterioro por riesgo de crédito.

El director del organismo, Guillermo Pattillo, presentó los principales hitos 2018, entre ellos la entrega definitiva de los resultados del Censo 2017; el inicio de la fase preparatoria del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2020, así como del Censo de personas de 2022, y los desafíos institucionales 2019.

Corremos un inminente peligro de caer en picada, como sucedió con Argentina y más acentuadamente con Venezuela, producto de la particular forma de gobernar que tiene la izquierda. La izquierda, fiel a su tradición marxista, cree que todo lo que constituye avance y civilización, sus normas, costumbres y reglas consuetudinarias, no son más que invenciones de la clase dominante, léase el 0,01% de los chilenos, para explotar a los ciudadanos.

La cifra de morosos en el periodo enero-marzo 2019 llega a 4.604.770 personas a nivel nacional, lo que equivale a un aumento del 3% con respecto a igual periodo del año 2018En el análisis regional se establece que Antofagasta ($2.478.310), Tarapacá ($2.004.291), Metropolitana ($2.000.636) y Atacama ($1.853.314) encabezan el ranking de mora promedio.

El mensaje que busca una migración segura, ordenada y regulada, ahora será analizado por la Comisión de Derechos Humanos.

En medio de una depreciación de monedas locales y el exceso de oferta en rutas internacionales.

El proyecto fue propuesto por primera vez por el banco suizo UBS Group AG y la empresa de tecnología Clearmatics, con sede en Londres, en 2015, consigna una publicación de la agencia Reuters este viernes.

Una de sus principales líneas de trabajo plantea potenciar y facilitar la transformación y economía digital en el país, visualizando los principales desafíos y oportunidades en este ámbito de tal forma que el país pueda dar un salto en el desarrollo así como insertarse en la economía del futuro.

Sin embargo, esto nunca ocurrirá si es que el proyecto se llega a aprobar tal como está sin exigir, de una vez por todas, bioequivalencia a toda la industria farmacéutica local.Resulta contraproducente que, a la fecha, en Chile aún un 45% de los fármacos en venta no hayan demostrado equivalencia terapéutica, considerando que el Instituto de Salud Pública (ISP) en 2016 fue reconocido como Autoridad Regulatoria Nacional de Medicamentos de Referencia por la OPS/OMS y que, incluso, en abril del año pasado, se hayan reunido en nuestro país todas las agencias regulatorias para optimizar temas como el de la bioequivalencia en un corto plazo.Tener los GMP´s (normas internacionales de calidad) aprobados no es suficiente para garantizar a los pacientes medicamentos de calidad.